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Ayer, martes, arrancó el juicio oral y público contra la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano por supuesta difamación planteada por la ex viceministra de Tributación Marta González Ayala (cartista).
El abogado de ABC, Rodrigo Yódice, presentó una excepción de inconstitucionalidad contra los artículos 150, 151 y 152 del Código Penal, por considerar que su aplicación en el juicio impulsado por la ex viceministra vulnera los artículos 11, 16, 17.1, 17.3, 26, 28 y 29 de la Constitución y el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la forma en que ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 137, 141 y 145 de la Constitución).
Ahora, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Antonio Fretes, César Diesel y Víctor Ríos, debe estudiar dicha acción.
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Hasta que la CSJ no se expida sobre la excepción planteada, el proceso penal contra la directora de ABC y el periodista solamente puede llegar hasta la instancia previa a la emisión de la sentencia.
Argumentos de la excepción planteada
El abogado Ezequiel Santagada, quien colaboró en la elaboración de la excepción inconstitucional planteada por ABC, argumentó que dicha acción refiere que cuando se trata de publicaciones periodísticas relacionadas al interés público se deben aplicar excepciones en cuanto a una querella.
Además, indicó que cuando funcionarios del Estado se sienten afectados por las publicaciones se debe recurrir al fuero civil y no penal. “Cuando se trata de funcionarios, cuestiones, manejo del dinero público, aplica a estas excepciones, pero la vía no es la penal”, sostuvo.
“La vía civil jamás se va a poder negar, pero la vía penal es inadecuada, insisto, en estos casos”, remarcó.
¿Una “etapa negra” para la libertad de expresión y prensa?
Santagada, en otro momento, señaló esta mañana que es importante que la Corte se expida sobre dicha acción a fin de dejar precedente ante este tipo de casos como el que lleva adelante la ex viceministra de Tributación.
“Es importante que la Corte se expida porque va a obligar a jueces a tener que conciliar estas situaciones ante la presentación de querella”, sostuvo.
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“Si la Corte ratifica este actuar (querella planteada por González en el fuero penal), lo que se viene es una etapa negra para la libertad de expresión. Lo primero que van a hacer los políticos que se sienten ofendidos en su honor ante publicaciones va a ser querellar masivamente”, agregó en ese sentido.
Buscan inhibir a periodistas
También consideró que la querella planteada por González es una práctica común contra periodistas para inhibirlos.
“El mero uso del derecho penal contra periodistas que tratan asuntos de interés público lo que genera es un efecto inhibitorio”, subrayó.
“Muchas veces se querella sabiendo que no se va a obtener un resultado positivo, pero es una querella tras querella para volver loco al periodista y pasearlo por tribunales. Este es el caso de Juanki”, acotó.
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Querellas contra ABC y la libertad de prensa
La ex viceministra cartista de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) promovió una serie de querellas contra la directora de ABC Color y el periodista Lezcano.
El contenido de la publicación al que hace referencia este juicio tiene relación con cuestiones llamativas en cuanto al pliego de bases y condiciones que se dieron en el marco de un proceso de contratación por vía de la excepción sobre el sistema tributario Marangatú y en el que benefició al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), del cual González era directiva al momento de la adjudicación.
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La abogada especializada en Derechos Humanos Alejandra Peralta Merlo se refirió sobre el tema y recordó que Paraguay ya sufrió sanciones debido a la utilización de procesos penales como medida para coartar la libertad de expresión.
González Ayala, ayer durante el juicio oral, reconoció que ya en 2013 recibió los primeros informes sobre las falencias del sistema tributario Marangatú. La exfuncionaria no supo explicar por qué no se recurrió a una licitación internacional, ya que a nivel local no había la capacidad técnica para el trabajo.