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El 18 de julio pasado, con una recusación al Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Justo Ferreira Servín, propietario de la firma Insumos Médicos SA (Imedic), logró suspender por segunda vez el juicio oral que debe afrontar junto a su hija Patricia Ferreira Pascottini, presidenta de la empresa, por contrabando y otros delitos.
La recusación presentada bajo patrocinio del abogado Nicolás Fernández, está dirigida contra la jueza Elsa García, presidenta del colegiado y sus colegas Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza (miembros titulares) y Miguel Ruiz (suplente).
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El recusante ha fundamentado su pedido alegando en líneas generales que nunca se ha notificado la conformación del tribunal, existen pruebas que no han sido diligenciadas y son de relevancia para la resolución del caso, además, el Tribunal de sentencia pretende llevar adelante el juicio sin tener todas las pruebas para Juzgar, esto conlleva a una clara violación de las garantías y derechos procesales, finalmente sustenta su recusación en el art. 50 inc. 12) y 13) del Código Procesal Penal.
Argumento de la Cámara para rechazar recusación
Básicamente, la Cámara de Apelación integrada por Cristóbal Sánchez, Arnaldo Fleitas y Gustavo Santander Dans concluyó que no se ha demostrado en forma clara y contundente casual alguna de excusación que justifique e1 apartamiento de los magistrados recusados.
(...) debemos manifestar que no se aprecia ningún elemento que permita presuponer la existencia del odio o enemistad, ya que el recusante expone como argumentos para separar a los jueces, simples actuaciones judiciales, que tienen sus remedios procesales, por tanto la causal expuesta no puede ser acogida favorablemente”, explica el Tribunal.
“(...) al referirnos a la causal establecida en el Art. 50 inc. 13) “Cualquier otra causa, fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia.” esta alzada verifica que los mismos no se encuadran dentro de las causales previstas en c 13), ya que simplemente el impugnante se limita a cuestionar actuaciones judiciales, en todo caso existen los mecanismos procesales para subsanar estos actos y no pueden ser fundamentos para una recusación”
El fiscal Osmar Legal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), sostiene en su acusación que la firma Imedic defraudó al fisco con el ingreso ilegal al país de 50 camas hospitalarias de alta gama, adquiridas previamente de la empresa panameña Máster House por un total de US$ 142.500.
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Además de los Ferreira, también está acusado por producción de documentos no auténticos y asociación criminal el despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra.
El Ministerio Público también acusó a los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Adolfo Acosta Acosta, pero como presuntos autores de los delitos señalados en el Artículo 337 de la Ley 2422/04 “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”.