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El experto sostiene que sin buenos periodistas pero también buenos jueces y fiscales operando con autonomía, con independencia y seguridad, seguirá siendo larga y penosa la marcha hacia una sociedad donde reine la justicia.
Decía Canela que los jueces y fiscales tienen que elegir de qué lado están en este proceso de lucha contra la corrupción y el crimen: o del lado de los que promueven el acceso a la transparencia o del lado de aquellos que son capaces de todo para esconder sus fechorías.
Resaltaba que periodistas, jueces y fiscales son fundamentales en el proceso de fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos.
“La luz del sol es el mejor desinfectante”, remarcaba parafraseando a un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos (Louis Brandeis) para que los magistrados tuvieran presente la transparencia a la hora de emitir sus fallos. Y la prensa libre es el medio que deben elegir para llegar al público y fortalecer su reputación y credibilidad.
Cuando funcionarios procesan a un periodista es evidentemente claro que el afán es de amedrentarlo, de castigarlo por meterse en asuntos que incomodan al poder. Obligarlo a comparecer ante los tribunales por sus publicaciones ya constituye de hecho una penalización, un intento de censura, donde los poderosos miden si su impunidad funciona o si hace falta apretar la tuerca.
En estos tiempos de cambio, en que los poderes de Estado no gozan de buena reputación es imperativo que los éticos del periodismo y los éticos del lado de la justicia trabajen mancomunadamente para combatir la corrupción y ayuden al país a alcanzar los estándares internacionales, tal como se consiguió esta semana en el aspecto económico financiero con la aprobación del examen Gafilat.
Un país que se aleja cada vez más de los tiempos del autoritarismo, que se esfuerza por integrarse al mundo, ya no puede usar su sistema judicial para reprimir la libertad de prensa. “No se puede usar el derecho penal para tratar cuestiones de libertad de prensa”, como señala Canela.
Es más. Las leyes de difamación deben ser derogadas. En el Plan de Seguridad de las Naciones Unidas se establece que no se debe usar indebidamente el Poder Judicial para reprimir la libertad de prensa. Las decisiones de la Corte Interamericana son claras en el mismo sentido.
La justicia como garrote
No es concebible que en pleno goce de libertades públicas se siga convocando periodistas a los tribunales, sometidos a un interrogatorio infernal, a prolongados juicios, como un azote por haber osado revelar alguna irregularidad o inconsistencia en la conducta del servidor público.
El caso González Daher comprobó que los condenados RGD y su hijo utilizaron a jueces y fiscales para lograr sus objetivos criminales, además de hostigar y amenazar a sus víctimas. “Se utilizó al sistema judicial para obtener un beneficio personal”, reconoció la jueza Claudia Criscioni (en diciembre de 2021) cuando leyó su fallo y pidió perdón en nombre de la administración de justicia a sus centenares de víctimas.
Los magistrados tienen que demostrar en adelante que no están al servicio de hampones, y la Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de promover la depuración de sus filas de aquellos que siguen las indicaciones de los poderosos.