Cargando...
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Silvio Corbeta, citó a los exmiembros del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos del Paraguay (CEP) Roberto Escobar y Ángel Alfonso para el 16 de agosto de 2022, para la audiencia indagatoria, a las 9:30 y 10:30, respectivamente. La indagatoria es en el marco de la causa N° 02/2022 caratulada “Personas innominadas s/ lesión de confianza y otro”.
Asimismo, fueron citados para la audiencia indagatoria los exmiembros directivos del Colegio de Escribanos Ana Manuela González Ramos y Stella Maris Vergara, para el 17 de agosto del corriente, a las 09:30 y 10:30, respectivamente. La Fiscalía había citado para el 30 y 31 de marzo pasado para la audiencia indagatoria, pero no se había llevado a cabo.
La causa fue abierta luego de la denuncia penal que planteó el actual presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay Jorge Miller Donna, contra exdirectivos del gremio que durante 22 años no habían transferido las sumas de dinero percibidas por la venta de materiales de uso notarial. Por esta circunstancia, la Corte Suprema de Justicia le entabló una demanda civil de rendición de cuentas en la que le reclamó unos US$ 8 millones, pero las pericias determinaron que la deuda sería de unos US$ 6 millones.
Paralelamente, los exdirectivos denunciados en la Fiscalía, plantearon asimismo una denuncia penal contra la actual directiva encabezada por Miller Donna, porque se allanaron a la deuda de US$ 8 millones que le reclama la Corte al Colegio de Escribanos a través de la demanda de rendición de cuentas. Alegaron que los actuales directivos se allanaron para pagar deudas que ya se encuentran prescriptas e inexigibles porque no hay contrato de por medio entre la Corte y el Colegio de Escribanos.
Lea más: Exdirectivos del Colegio de Escribanos denuncian por lesión de confianza
Esta segunda denuncia penal está a cargo de la fiscala Marlene González, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Antecedentes de la denuncia contra los escribanos
El actual presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay Jorge Miller Donna presentó denuncia ante el Ministerio Público el 10 de enero de 2022 contra los exmiembros de las comisiones directivas del gremio, por los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación.
También solicitó el embargo preventivo de sus bienes hasta cubrir la suma de G. 49.901.686.269, que es el monto que reclama la Corte Suprema en su demanda al gremio por “rendición de cuentas” debido a que supuestamente no se transfirió lo percibido por la venta de materiales de uso notarial, desde 1999 al 2021. Una auditoría también demuestra el despilfarro de fondos del Colegio, indican en la denuncia patrocinada por el abogado Juan Claudio Gaona.
Lea más: Miembros del Colegio de Escribanos justifican sus posturas ante la justicia
La obligación de transferir
El 5 de mayo de 1999, la Corte Suprema de Justicia emitió la Acordada N° 117, en su parte resolutiva dispuso:
Art. 3. “El producido de la venta de los materiales de uso notarial, luego de deducido el costo de impresión, será distribuido como sigue: 70% (setenta por ciento) para la financiación de los distintos programas previstos en el presupuesto aprobado del Poder Judicial, y 30% (treinta por ciento) para el Colegio de Escribanos del Paraguay, por el servicio”.
Los materiales de uso notarial gestionados y vendidos por el Colegio de Escribanos del Paraguay por delegación de la Corte Suprema de Justicia eran: hojas de protocolo, hojas de actuación notarial con rayas, hojas de actuación notarial sin rayas, hojas de seguridad notarial, hojas de certificación de firmas, hojas de legalización, libros de registro de firmas, libros de índice anual, entre otros.
Lea más: Contraloría afirma que Colegio de Escribanos no transfirió a Corte casi G. 27.000 millones
Las anteriores administraciones
Según la auditoría externa que ordenó el Colegio de Escribanos, desde el 2009 al 2020, los presuntos responsables del desvío de fondos serían los Consejos Directivos que tuvieron como titulares de este gremio a la entonces presidenta en el periodo 2009-2010 Gladys Delia Lichi Battilana, que no habría transferido a la Corte por la venta de materiales de uso notarial de unos G. 2.507.463.891; al entonces titular del Colegio Roberto Escobar González (periodo 2011-2012), por no remitir unos G. 3.146.853.987, nuevamente Roberto Escobar González (2013-2014), que no transfirió a la Corte unos G. 4.308.646.732.
De igual manera, la denuncia hace referencia al Consejo Directivo del periodo (2015-2016), cuyo titular fue Ana Manuela González Ramos, por no remitir G. 4.110.663.502, nuevamente Ana Manuela González Ramos (2017-2018), por no transferir G. 3.857.089.167; a Roberto Escobar González (2019-2020), por no haber previsionado G. 3.991.500.757 para la Corte, por la venta de materiales de uso notarial que tenía a su cargo el Colegio de Escribanos.