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En un juicio oral y público que concluyó el 14 de diciembre del 2015, Gloria Beatriz Giménez de Benítez fue condenada a 4 años de prisión por haber causado un perjuicio al Estado de unos G. 1.600 millones al dejar vencer miles de dosis de vacunas.
El Tribunal de Sentencia integrado con los jueces Juan Carlos Zárate (presidente), Gustavo Santander y Héctor Capurro declaró a la profesional del Ministerio de Salud culpable de los hechos punibles de lesión de confianza y de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
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El colegiado destacó que al perjuicio económico causado al Estado, debe añadirse que al dejar vencer los miles de dosis de vacunas causó un tremendo daño a la población que necesitaba las mencionadas vacunas para preservar la salud.
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Asimismo, el colegiado concluyó que Giménez incurrió en producción inmediata de documentos públicos de contenido falso al presentar un informe al exdirector del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), doctor Carlos Torres (2011), el que comunicaba que tenía “stock cero” de vacunas.
“(...) la misma, por medio de un memorándum informaba el stock cero de una serie de vacunas como SPR... estas vacunas son las que vencieron en mayor cantidad y por las que se originó la intervención”, señala al destacar que las vacunas vencidas estaban ocultas.
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Durante el juicio oral, el entonces fiscal Martín Cabrera solicitó la imposición de 4 años de prisión.
Millonario perjuicio por vacunas vencidas
De acuerdo a los antecedentes, Héctor María Benítez, asesor jurídico del Ministerio de Salud, denunció que en agosto de 2012, funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), encontraron vacunas vencidas en el Centro Nacional, correspondientes a los años 2008 al 2012.
Según los datos, se constató, en un depósito lacrado, un total de 17 tipos de biológicos (vacunas) vencidos y en malas condiciones, escondidos bajo cajas y cartones, de forma intencional. Las vacunas fueron destruidas luego en la sede de la ciudad de Villa Hayes.
El fiscal Cabrera menciona que la imputada había informado a sus superiores que el stock era “cero”, con relación a las mencionadas vacunas, lo cual implicaba que ya no existía más a disposición y se debía realizar una nueva compra.
Entre las vacunas halladas, había lotes que estaban ahí desde el 2009, lo cual demuestra la irregularidad, ya que Giménez contaba con un programa informático que le alertaba con 120 días de anticipación sobre el vencimiento de las vacunas.
“Según constaba en el citado memorándum no había ya dosis de esas vacunas en existencia, cuando que en realidad en forma posterior se pudo constatar y corroborar que dichos biológicos habían vencido y estaban almacenados en una dependencia del Centro Nacional de Vacunas ya mencionado anteriormente”, sostuvo Cabrera en su acusación.
El almacenamiento de las vacunas que luego quedaron vencidas habría causado un perjuicio de US$ 355.161, que al momento del hecho ascendía a 1.595.228.172 guaraníes.
Tras ratificación de condena, a la Corte
En atención a que la condena fue íntegramente ratificada en segunda instancia a principios del 2021, el expediente fue remitido al juzgado de ejecución de sentencia a cargo de la jueza Sandra Silveira, para dar cumplimiento a la pena.
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Como primera medida, la jueza Silveira emplazó a la condenada a presentarse ante el correccional de mujeres Casa del Buen Pastor en un plazo máximo de dos días, de lo contrario decretaría su prisión.
Sin embargo, esto no pasó debido a que la defensa, a cargo de Aníbal Lesmo, comunicó al juzgado que había presentado una acción de inconstitucionalidad contra la sentencia, la cual aún se encuentra pendiente de resolución a la fecha.
De acuerdo a la nota presentada por el defensor, la acción fue presentada el 7 de setiembre del año pasado. Un informe remitido al juzgado de ejecución penal por el secretario de la Sala Constitucional, abogado Julio Pavón, da cuenta de que la acción se encuentra en estudio de admisión.
Por esta razón, la magistrada Silveira dejó sin efecto el emplazamiento, en espera de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Antonio Fretes, César Diesel y Víctor Ríos.
El Tribunal dispuso que Giménez de Benítez no sea remitida aún a la penitenciaría de mujeres, sino hasta cuando la sentencia quede firme, motivo por el cual la misma permanece con medidas alternativas a la prisión.