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El gobernador de Caazapá y converso al cartismo Pedro “Pipo” Díaz Verón arrastra varias denuncias en su contra por diferentes hechos en el Ministerio Público, a cargo de Sandra Quiñónez. En principio, esta institución mostró interés en los casos e incluso realizó promocionados allanamientos en la sede de la institución departamental.
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Las intervenciones, sin embargo, llamativamente terminaron cuando “Pipo” dejó el oficialismo colorado y pasó a filas del movimiento político liderado por el “significativamente corrupto” para EE.UU., Horacio Cartes. Precisamente, este pase se dio a principios de enero de 2022 luego de que una comitiva liderada por el fiscal anticorrupción, Osmar Legal, allanara la sede de la gobernación caazapeña ante denuncias de supuesto mal uso de los fondos covid que tampoco tuvo luego más seguimiento.
Compra de derechos
Otra de las causas que quedó congelada hace referencia a la compra de derechos sobre dos lotes que eran del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y debían ser para la reforma agraria, según los documentos en poder de ABC. Los inmuebles están en la colonia Alejo García, más conocida como Corateî, del distrito de Ayolas.
El jefe departamental edificó en dichos terrenos una imponente casa de verano. La denuncia contra “Pipo” en este caso fue por transgresión a la ley número 4682/12 “Que sanciona la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales destinados a la política agraria del Estado”.
El ahora candidato a senador cartista había reconocido que los terrenos, con una superficie total de 2.500 metros cuadrados y donde construía su casa de descanso, tenían un origen fiscal, es decir, fueron del Indert. Sin embargo, en un intento por ensayar su defensa habló que actualmente eran de dominio privado de la Municipalidad de Ayolas.
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Para intentar sostener que accedió a los terrenos de forma “legal” presentó contratos de arrendamiento con la comuna ayolense por dichos inmuebles. Sin embargo, al exhibir los documentos sobre ese trámite se evidenció que tenían una fecha posterior al inicio de las obras y la supuesta compra.
Además, según denuncias de algunos concejales de entonces, el arrendamiento no había pasado por la Junta Municipal a pesar de que era un requisito indispensable.
Igualmente, Díaz Verón quedó al descubierto que accedió a los terrenos municipales sin siquiera residir en la zona, tal como establecen las ordenanzas municipales.
Por G. 40 millones
“Pipo” Díaz Verón, hermano del exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, igualmente presentó los contratos por la compra de derechos sobre los lotes fiscales. Según el documento exhibido, el gobernador pagó el 23 de octubre de 2020 la risible suma de G. 40 millones a una persona identificada como Bernardo Rotela Ávalos por todos los derechos y acciones introducidas en los dos terrenos de origen fiscal.
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El artículo 2 de la ley N° 4682/12 establece que la adquisición (de un terreno alcanzado para la reforma agraria) será nula de pleno derecho y conllevará la reversión del inmueble al patrimonio del organismo de aplicación del estatuto agrario y el castigo con pena privativa de libertad de dos a cinco años para el adquirente.