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La procesada Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, exjefa de Control Interno, oficina dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Gobernación de Central fue imputada en febrero de este año, en el caso más conocido como “facturas clonadas”, por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), y solicitaron su arresto.
Los presuntos hechos investigados son lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal. El plazo ordinario de seis meses para que el Ministerio Público presente el requerimiento pertinente con relación a la procesada, vencerá el próximo 19 de agosto.
Pero, debido al retraso del proceso penal a causa de las chicanas planteadas por la defensa de Mazacotte Widmer, representada por el abogado Gustavo Adolfo Valinotti Gauto, los agentes solicitaron una prórroga extraordinaria de otros seis meses más, para continuar con la investigación.
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Imposición de medidas, pendiente
Los incidentes planteados por la imputada también influyen en la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, a cargo de la jueza María Elena Cañete del Juzgado de San Lorenzo, que hasta hoy sigue pendiente desde febrero pasado.
El pasado 12 de julio, luego de la publicación periodística hecha por este medio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel de Jesús Ramírez Candia, resolvió el incidente estancado por semanas y rechazó la recusación de los jueces Andrea Vera Aldana, Bibiana Benítez Faría y Arnulfo Arias. Todos, miembros del Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, planteada por la procesada.
Pero ahora, el Tribunal de Apelación debe resolver otra chicana planteada por la defensa de Mazacotte Widmer, que solicitó la nulidad de la imputación hecha por el Ministerio Público. Hasta hoy, la jueza Cañete no fue notificada por el Tribunal, respecto al recurso presentado, para que la misma pueda fijar fecha para la audiencia de imposición de medidas.
Imputada pedía facturas a nombre de ONG
Según el acta de imputación, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, le habría encargado a la también exfuncionaria de la Gobernación, Modesta Valiente Escobar (imputada en la causa), pagarle a los funcionarios denominados “por transferencia”, pero las facturas debían ser emitidas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), así como de otras oenegés con las que operaba la Gobernación.
Las facturas en cuestión fueron utilizadas en la rendición de cuentas de la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), del fondo covid-19, que la Gobernación recibió del Ejecutivo en diciembre de 2020, durante la administración el entonces gobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista). Este también está imputado en la causa por la Fiscalía y separado del cargo por la Junta Departamental.
El dinero era para generar fuentes de trabajo en el departamento Central con el objetivo de reactivar la economía durante la pandemia.
González Alegre transfirió el millón de dólares a dos organizaciones no gubernamentales como el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, imputado, quien recibió la suma de G. 5.105 millones, y al Consejo Regional de Salud, presidido por el doctor Hugo Cabrera, quien recibió G. 1.276 millones.
En la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas, y empresas fantasmas, entre otras groseras anomalías.