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Por tercer día consecutivo, la Cámara de Diputados sigue debatiendo referente al juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, cuestión reflotada tras la declaración de “significamente corrupto” al ex presidente Horacio Cartes por parte del Gobierno de Estados Unidos. Legisladores oficialistas y de la oposición destacaron el notorio encubrimiento de Quiñonez a las presuntas actividades delictivas que se atribuyen al exmandatario.
En ese sentido, asociaciones empresariales no se desmarcaron de la realidad social y política que se vive en el país, y su impacto en la actividad económica, sobre todo en el contexto de pospandemia y ante la necesidad de avanzar en la reactivación comercial.
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Luis Ibarra, de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay, señaló que el gremio reúne a despensas, almacenes, quioscos y bodegas del país, y su objetivo es buscar herramientas para mejorar la atención y rendimiento de los asociados, que son pequeños emprendimientos.
“Estamos muy alejados de la politiquería y la corrupción, sin embargo es nuestra obligación como ciudadanos sentar una postura y exigir transparencia en todos los actos de los tres Poderes del Estado, porque cada acción de estos nos afecta directamente, tanto moral como económicamente”, afirmó.
Añadió que con “el Ejecutivo corrupto, el Judicial de ojos vendados, y el Legislativo permisivo, no podremos lograr nuestro tan anhelado desarrollo y crecimiento”. Además, si la fiscala general del Estado es llamada ineficiente o está bajo sospecha de algún delito, debería apartarse del cargo inmediatamente, sostuvo.
“Muchos de nosotros, los ‘comunes’, estamos en constantes litigios, por no poder pagar una cuota de préstamo, la patente municipal o la onerosa tarifa de electricidad, y cuando esto sucede automáticamente aparecemos en la lista negra que pertenece a una empresa privada, cortándonos así las extremidades para seguir trabajando”, recalcó.
Lista negra, ¿por qué sólo a privados?
Seguidamente, Ibarra se preguntó por qué una funcionaria pública de alto cargo con sospecha de corrupción o mal desempeño no integra una lista negra, que impida así que siga en su rutina de hacer mal las cosas. “Además, si a nosotros nos califica una empresa privada (haciendo referencia a Informconf), por qué no permitir que un país extranjero califique a quiénes nos gobierna. Digamos que a ley pareja nadie se queja”, opinó.
Por otra parte, Ibarra apuntó que el contexto político actual evidencia, una vez más, que los gobernantes están distraídos con sus intereses y resuelven cuestiones vinculadas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). “Las compañías que integran las mipymes son el motor económico más importante de Paraguay, una vez más pedimos resuelvan sus desacuerdos y pongan interés en la problemática actual”, destacó.
Por su parte, la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), cuyo presidente es David Caballero, expresó que el sector considera que para avanzar en el desarrollo es necesario hacerlo con instituciones fuertes y comprometidas con la transparencia. “Exhortamos a las entidades gubernamentales responsables a comprometerse con el fortalecimiento de instituciones que garanticen la seguridad jurídica y defiendan la democracia en Paraguay”, expresó.
Gremios grandes y tradicionales no se expidieron
En este caso, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), dos gremios tradicionales del empresariado, no se expidieron sobre el juicio político a Sandra Quiñónez. El fin de semana, la ARP, presidida por el Dr. Pedro Galli, había pedido que la justicia actúe tras la declaración de EE.UU. de “significativamente corrupto” a Horacio Cartes.
La UIP, cuyo titular es el Ing. Enrique Duarte, después de mucha insistencia, también se expidió en el mismo sentido aunque sin la contundencia del gremio ganadero. Galli dijo que la justicia no investiga a Cartes, Quiñónez debe renunciar o ser apartada de su cargo.