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La fiscala Claudia María Aguilera Jara, agente fiscal penal de la Unidad N° 5, en la Causa Nº 9790/2019 caratulada “José Antonio Caballero Bobadilla y otros s/ lesión de confianza”, solicitó al juzgado penal de garantías a cargo de la jueza Cynthia Lovera Brítez, la reapertura del proceso penal, presentó acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público por el billonario desfalco a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.
El Ministerio Público acusó por el hecho punible de lesión de confianza, en grado de autores a los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, José Antonio Caballero Bobadilla (presidente de la institución) y a los miembros titulares Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera.
La jueza Lovera Brítez debe fijar fecha de audiencia preliminar para sustanciar el requerimiento del Ministerio Público y la querella adhesiva, que igualmente acusó y pidió juicio oral y público.
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La acusación de la Fiscalía
La investigación penal por lesión de confianza se inició con la denuncia que realizó el Sr. Isidro Colmán Moreno, en fecha 20 de noviembre de 2019, acerca del supuesto hecho punible que supuestamente perpetraron los hoy acusados José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera, presidente y miembros del Consejo de Administración de la Caja Bancaria, respectivamente.
El escrito de la Fiscalía agrega: “Que los mencionados acusados han incurrido en hechos y actos administrativos irregulares, que en la mayoría de los casos constituyeron observaciones que fueron señaladas bajo advertencia por parte de entes contralores como el Banco Central del Paraguay, Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como así también auditorías internas de la Caja Bancaria, las cuales no fueron consideradas en tiempo y forma por la Administración de la Caja, constituyendo así una conducta omisiva, de los mismos, lo cual ocasionó un grave perjuicio patrimonial a la institución”, señala la acusación.
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Uno de los 18 puntos desarrollados por el perito contable Lic. Javier González, propuesto por la Fiscalía, demuestra en su análisis del punto 1 sobre la variación que se ha visto con respecto a los gastos de seguro médico desde el año 2015 hasta el 2019, resultando en la suma de G. 37.449.119.291, y ello se ha reflejado en el punto 18 como parte del perjuicio patrimonial o daño patrimonial a la Caja de Jubilaciones, el cual ha tenido una consecuencia negativa en la situación financiera de la Caja.
Los gastos en seguro médico aumentaron en demasía a partir del año 2016, que según informe en el año 2015 ascendió a la suma de G. 18.310.320.000, en el año 2016 se ha incrementado en la suma de G. 26.250.878.285, en el año 2017 se incrementó en la suma de G. 41.145.786.334, en el año 2018 se incrementó en la suma de G. 53.554.931.419 y en el año 2019 en la suma de G. 55.759.439.291. El total de la variación es de G. 37.449.119.291, solamente por los gastos de seguro médico.
En resumen, la conclusión del perito indica que el superávit al 30 de junio de 2015 fue de G. 965.943.000.000, y el déficit al 31 de diciembre de 2017 fue de G. 1.529.373.705.982, con lo que determinó que el daño patrimonial total a la Caja de Jubilados Bancarios ascendía a G. 2.495.216.705.982 (dos billones, cuatrocientos noventa y cinco mil millones, doscientos diez y seis millones, setecientos cinco mil, novecientos ochenta y dos guaraníes).
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La querella adhesiva
Por su parte, la querella adhesiva ejercida por el abogado Jorge Rubén Vasconsellos, en representación del Sr. Isidro Colmán Moreno, planteó acusación y solicitó que la causa Nº 1-1-2-1-2019-9790 caratulada “José Antonio Caballero Bobadilla y otros s/ lesión de confianza”, sea elevada a juicio oral y público.
Del escrito de la querella adhesiva se desprende cuanto sigue: “El daño o perjuicio patrimonial producido por José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera, en sus respectivas condiciones de presidente y miembros del Consejo de Administración de la aludida Institución, representa la suma de G. 1.529.373.000.000 (un billón quinientos veinte y nueve mil trescientos setenta tres millones de guaraníes), es decir, que considerando el Estudio Actuarial al 31 de diciembre de 2015 que al 31 de diciembre de 2017 (Memoria y Balance 2015) pasó a ser negativo o déficit actuarial total de G. 2.495.186.820.000 (dos billones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento ochenta y seis millones ochocientos veinte mil), haciendo un total general de dos billones quinientos treinta y dos mil seiscientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y tres guaraníes (G. 2.532.635.869.363)”.
La querella también agrega que la Contraloría General de la República en su última Auditoria (CGR 843/18) también afirma que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines no reveló en los Estados Contables al 31/12/2018, las reservas matemáticas producto del balance actuarial que presenta un déficit de G. 1.529.373.705.982 (un billón quinientos veinte y nueve mil trescientos setenta y tres millones setecientos cinco mil novecientos ochenta y dos guaraníes), incumpliendo la exigencia de la Ley 2856/06 de la Caja de Jubilaciones.
El perito de la querella adhesiva es el Lic. Francisco Centurión.