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Los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines José Antonio Caballero (presidente), Ángel Chamorro Ortiz, Xavier Hamuy Campos Cervera y Miguel Oro Domínguez, deberán seguir enfrentando el proceso penal de lesión de confianza, luego de ser beneficiados con el sobreseimiento provisional, ratificado por la Cámara de Apelaciones, que asimismo confirmó que la reapertura de la causa debe solicitarse el 26 de julio próximo.
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Las pericias contables realizadas por el Ministerio Público y la querella adhesiva concluyeron que los directivos de la Caja Bancaria han producido un billonario perjuicio patrimonial a la entidad, en la causa N° 9790/2019 caratulada “José Antonio Caballero Bobadilla y otros s/ lesión de confianza y otros”.
Perjuicio de más de 2 millones de guaraníes
El perito contable Lic. Javier González Pérez, propuesto por el Ministerio Público, inicio su análisis el 29 de abril de 2022 y concluyó su trabajo en que hubo daño patrimonial en los siguientes términos:
Durante el desarrollo de los 17 puntos anteriores analizados, se han presentado varias situaciones que se refieren a irregularidades en la gestión de la Caja Bancaria entre los años 2015 y 2019, en donde muchas de ellas han impactado en el detrimento del patrimonio y han tenido una consecuencia negativa en la situación financiera y actuarial del sistema jubilatorio en el mediano y largo plazo.
Dicho impacto negativo se materializa en el déficit actuarial por la cual atraviesa la Caja Bancaria, el cual al 31 de diciembre asciende a un total de G. 1.529.373.705.982, tal como se ha indicado en el punto 12 anterior.
Asimismo, -refiere el perito- se debe considerar que al 30 de junio de 2015 el balance actuarial arrojaba una situación de superávit de G. 965.843.000.000 (Memoria y Balance Tomo 5), monto que se ha reducido de igual manera como consecuencia de las irregularidades en la gestión de la Caja Bancaria que se presentan en los puntos 1 a 17 anteriores.
Concluye el perito González Pérez: Considerando que el perjuicio patrimonial consiste en un detrimento del patrimonio provocado por la acción u omisión por parte del garante del mismo, se puede inferir que estas consecuencias negativas en la situación actuarial de la Caja Bancaria, se configuran en un daño patrimonial por un total de G. 2 billones 495.216 millones 705 mil 982.
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La pericia de la querella
Por su parte, el perito contable Francisco Centurión, propuesto por la querella adhesiva, concluyó el siguiente daño patrimonial a la Caja Bancaria:
Resumen del perjuicio económico:
1) G. 95.973.416.544, en concepto de exceso de gastos administrativos y médicos (periodo 2016/2019)
2) G. 401.300.236, en concepto de préstamos refinanciados (auditoría interna)
3) G. 615.865.185, en concepto de servicio de digitalización de documentos.
4) G. 612.891.186, en concepto de remuneraciones superiores.
5) G. 1.737.416.118, por construcción de Quinta Ycuá Ybumi.
6) G. 3.262.500.000, por sistema IBO-Inteligent bus (sujeto a certificación)
7) G. 1.529.373.705.982, déficit actuarial 31/12/17.
8) G. 122.925.963, por pagos indebidos.
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La acusación del Ministerio Público
La fiscala Fátima Capurro acusó y solicitó juicio oral y público el 1 de diciembre de 2020 para los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Bancos y Afines, Ángel Chamorro Ortiz, Xavier Hamuy Campos Cervera, José Caballero y Miguel Oro Domínguez. Están acusados por lesión de confianza, en grado de autores.
La acusación del Ministerio Público señala que, pese a que el Banco Central del Paraguay a través de la Nota SB SG N° 0005112017 y SB SS 03212017, del 9 de enero de 2017, comunicó a los responsables que el monto destinado para la ampliación y mejoras en la infraestructura de la sede social “Quinta Ykua Ybumi” no reunía las condiciones necesarias para su ejecución, de igual forma se realizó, y para ello se destinaron G. 1.296.229.353.
También acusaron que los gastos realizados aumentaron en demasía a partir del año 2016, que, según un informe del 2017, ascendió a G. 59.851.229.470 y que en el año 2018 se ha incrementado a G. 101.432.531.170. El perjuicio total causado a la Caja es de G. 2.623.098.082.875 (dos billones, seiscientos veinte y tres mil noventa y ocho millones ochenta y dos mil ochocientos setenta y cinco) según la acusación del Ministerio Público.