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El 21 de julio de 2022 el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera, comunicó nota mediante al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Abog. Jorge Bogarín Alfonso, que el gremio solicitó al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema la auditoría a la gestión de la jueza de sentencia N° 38 Laura Ocampo, porque supuestamente incumplió las normas que ordenan la preferencia en el pago de créditos (Art. 434 y concordantes del Código Civil), la prioridad del primer embargante (Art. 714 del Código Procesal Civil) y los arts. 247 y concordantes del Código de Organización Judicial, entre otros.
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La nota elevada al Consejo de Superintendencia y que fue asimismo puesta a conocimiento del JEM, sostiene que “de confirmarse esta situación, un juez que omite órdenes de pago omitiendo la prelación de los créditos debe asumir responsabilidad personal por mal desempeño de funciones, con responsabilidad directa y personal por actos ilícitos (Art. 1845 del Código Civil)”.
Las causas en las que el Colegio de Abogados solicita auditoría de gestión son: 1) “Reparación del daño en Victoriano Canzanella Ramírez y Luis Alberto Pavón c/ Juan Pío Helvidio Paiva Escobar y otros s/ homicidio doloso y otros”; 2) “Reparación del daño en los autos Cristino Barreto Meza c/ Juan Pio Paiva Escobar y otros s/ homicidio doloso y otros”; 3) “Felicita Eugenia Martínez de Gavilán y Fulvia Beatriz Gavilán c/ Juan Pío Paiva Escobar y otros s/ reparación de daños”; 4) “Dolores Concepción Jara c/ Juan Pio Paiva Escobar y otros s/ reparación del daño” y 5) “Reparación del daño en Cynthia Letizia Méndez Vda. De Segovia c/ Juan Pío Paiva Escobar y otros s/ homicidio doloso”, en los que supuestamente la jueza Laura Ocampo habría ordenado medidas y diligencias irregulares e ilegales en detrimento de varios otros acreedores con créditos reconocidos y garantizados con embargos que respetan el orden de prelación dispuesto en la ley.
La auditoría solicitada por el Colegio de Abogados al Consejo de Superintendencia a los mencionados expedientes tramitados ante la jueza Ocampo es para determinar si la misma obró o no conforme a derecho y, en su caso, si el resultado de la auditoría así lo indica, se remitan los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la entidad que corresponda.
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Denuncian injerencia de ministro en la causa Ycuá Bolaños
El ministro de Corte Eugenio Jiménez Rolón había propuesto en la sesión plenaria que los G. 8.000 millones que están disponibles para las indemnización, sean prorrateadas entre las víctimas del Ycuá Bolaños por sumas iguales, ya que de no ser así, solamente un grupo de víctimas se llevaría toda la suma disponible para el resarcimiento de daños y perjuicios.
Sin embargo, la posición del Colegio de Abogados del Paraguay es que se debe respetar el orden de prelación de pagos contenida en varios cuerpos normativos ya mencionados que disponen la preferencia en el pago de créditos y la prioridad del primer embargante.
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Ante la decisión del ministro Jiménez Rolón de ordenar una auditoría, la jueza Laura Ocampo se apartó de la causa Ycuá Bolaños. Incluso un grupo de víctimas del siniestrado supermercado, solicitó a la Cámara de Diputados que inicien el juicio político para la destitución del ministro cuestionado, por su injerencia en el sonado caso.
Abogado de víctimas manifestó oposición
El abogado José Lima Torres, representante de 6 de las 21 víctimas que esperan la indemnización dispuesta en el fuero penal, manifestó su oposición a dicho acuerdo. En ese sentido, explicó que en total, a esas 21 víctimas les corresponde aproximadamente G. 5 mil millones de los G. 8 mil millones proveídos por la aseguradora.
A criterio del letrado, el eventual prorrateo de la indemnización tal como planteó el ministro Jiménez debe hacerse entre aquellos beneficiados con sentencias dictadas en el fuero civil, con los G. 3 mil millones restantes.
“Ese dinero está embargado por resolución dictada el 5 de octubre de 2004 por el juez penal de garantías Alcides Corbeta, en el proceso iniciado por estas 21 víctimas. Entonces, ellas tienen prelación por disposición de nuestra legislación vigente, eso no se puede cambiar en virtud de ningún acuerdo”, expresó Lima.