Estados Unidos (EE.UU.) declaró al expresidente de la República, Horacio Cartes, como persona “significativamente corrupta”, por sus vínculos con el crimen transnacional y con organizaciones terroristas. Tras esto, diputados de la oposición decidieron presentar un nuevo pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez por supuestamente blindar y proteger al exmandatario de posibles investigaciones.

Entre los fundamentos para la acusación a Sandra Quiñónez figuran:

• la deshonra al cargo,
• el mal manejo administrativo y
• mal desempeño en sus funciones.

A continuación se incluyen once casos específicos que sostienen el pedido de destitución.

El libelo acusatorio tiene 112 páginas y los casos específicos que cimientan el pedido de destitución son:

1. El blindaje a Horacio Manuel Cartes Jara, por la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción de los autores y cómplices de hechos punibles graves que involucran al expresidente.

2. El caso de Darío Messer, que incluso fue investigado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso. Existen indicios de operaciones sospechosas de Messer vinculadas al lavado de dinero y delitos conexos.

3. Falta de acción oportuna en relación a informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), donde se menciona la denuncia del exministro Arnaldo Giuzzio contra las operaciones sospechosas de Cartes y el supuesto esquema de contrabando y narcotráfico.

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4. Inacción deliberada para la recuperación de activos tras informes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

5. Beneficios y protección a Roque Fabiano Silveira, poderoso socio de Cartes.

6. Parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía que toma decisiones diferentes ante procesos similares.

7. Impunidad en el homicidio de Rodrigo Quintana y el ataque al Partido Liberal.

8. Impunidad en el fallido proyecto “Metrobús”.

9. Ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa y presupuestaria del Ministerio Público.

10. Impunidad de la corrupción en las intendencias y gobernaciones.

11. Otros casos de inacción y negligencia del Ministerio Público como: el caso Essap sobre lesión de confianza; caso Empo, de la Municipalidad de Asunción; la denuncia contra Juan Carlos Baruja, extitular del Ministerio de Agricultura, entre otros.

Los diputados aseguran que todas estas acciones y omisiones de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, permiten perpetuar la participación de esquemas delincuenciales, incluso organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades criminales, lo que abre el terreno al terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional.

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