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Este sábado, el Ministerio Público informó que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, recibió una visita del fiscal federal y consejero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en la Embajada de ese país en Paraguay, Brian Skaret. Según se publico en Twitter, el encuentro fue para planear y coordinar una visita de representantes del Buró Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) del país norteamericano.
La reunión fue en un concurrido café del microcentro capitalino, en las calles Estrella y Alberdi. Probablemente, esperan ser vistos y fotografiados por el público.
La visita de representantes del FBI y DEA al Ministerio Público se da “en el marco de una cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y la Fiscalía General sobre casos abiertos de corrupción, lucha contra el narcotrafico y financiamientos del terrorismo”, indica un mensaje de la Fiscalía en redes sociales.
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La reunión de la fiscala general Quiñónez con un funcionario de la Embajada estadounidense se produce un día después de que el Gobierno estadounidense designara al expresidente Horacio Cartes como partícipe de hechos de “corrupción significativa” que van desde la obstrucción de una investigación internacional a un socio suyo hasta posibles vínculos con organizaciones terroristas.
A consecuencia de ese anuncio, miembros de la oposición y del oficialismo colorado en el Congreso Nacional dieron inicio al proceso para presentar una nueva solicitud de juicio político contra la fiscal general Quiñónez, acusada por estos de inacción ante las denuncias contra el expresidente Cartes.
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Libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez
Este sábado fue presentado el libelo de acusación contra la fiscala general Quiñónez, que la acusa de mal desempeño de sus funciones y de proteger a Cartes de investigaciones judiciales.
El libelo cita como ejemplos la falta de acción de la Fiscalía General ante casos como el del cambista brasileño Darío Messer, socio de Cartes investigado por lavado de dinero y condenado en Brasil; la denuncia del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra Cartes por supuestos vínculos con el narcotráfico; o la inacción ante un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero que vincula a empresas de Cartes con un esquema internacional de contrabando de cigarrillos.
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También se cita la impunidad en el caso del asalto policial a la sede del Partido Liberal y el asesinato de un joven dirigente de ese partido opositor durante los disturbios del 31 de marzo de 2017, causados por el intento fallido impulsado por el entonces presidente Cartes de modificar la Constitución Nacional para introducir la reelección presidencial.