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Alrededor de US$ 940 millones deberá destinar la Itaipú Binacional para el pago a supuestos exobreros que trabajaron en la construcción de la hidroeléctrica. Esto, en caso que sea aprobado el proyecto de ley “compensación histórica a extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y educación, de la usina de Itaipú Margen Derecha”.
La iniciativa presentada por los senadores Abel González (PLRA), Gilberto “Tony” Apuril (Hagamos), Miguel Fulgencio Rodríguez (FG) y Enrique Riera (ANR, cartista), logró media sanción el 16 de junio pasado en la Cámara Alta. El miércoles último pudo ser frenada -por el momento- en Diputados.
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ABC accedió a la nómina de los 16.180 supuestos extrabajadores que figuran como beneficiarios de la compensación. Sin embargo, tras un minucioso cruce de información se encontró que 10.160 nombres figuran en el padrón del Partido Colorado, mientras que 2.925 tienen otras afiliaciones políticas, entre ellas el Partido Liberal.
En la lista aparecen igualmente alrededor de 102 altos funcionarios activos de Itaipú y políticos colorados como Digno Alfredo Martínez Gaona, candidato a presidente de seccional por Honor Colorado en Ciudad del Este y Jorge Bernardo Recalde, expresidente de la seccional 15 de Asunción. Además de Luis Alberto González Quintana, candidato a concejal suplente en Ciudad del Este.
En la nómina asimismo figuran 2.039 personas fallecidas, según las verificaciones.
Sin empresas
A esta situación se suma ahora que existen 570 personas que no especifican las empresas en las que trabajaron durante la construcción de Itaipú. Supuestamente, uno de los requisitos fundamentales para ser parte de esta “compensación” era demostrar que el beneficiario trabajó en la hidroeléctrica, a partir de la entrega de una documentación rigurosa.
Para más sorpresa es que de los 570 beneficiarios “sin datos”, 160 ya fallecieron.
La nómina de beneficiarios fue elaborada por una docena de organizaciones, entre sindicatos y estudios jurídicos, que representaron a los exobreros. Estas entidades presentaron la documentación de cada uno de los beneficiarios que supuestamente avalan que participaron en la construcción de Itaipú, o en su defecto, que son herederos de aquellos trabajadores, según los datos.
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Del total de beneficiarios, casi 3.579 nombres gestionaron su inclusión a la lista mediante un estudio jurídico llamado “Gama”, ubicado en Ciudad del Este, de Alto Paraná, y que tiene a Milciades Areco Díaz como uno de los directivos, quien a su vez es uno de los beneficiarios. Según lo que constató ABC, Gama no está catastrado como estudio jurídico ante la binacional.
Alrededor 240 contratistas privadas
Alrededor de 240 contratistas privadas aparecen como las contratantes de los 16.180 supuestos exobreros de Itaipú. La firma Unicon (Uniao de constructoras Ltda.) lidera la lista con 4.139 nombres, le siguen Conempa con 3.540 extrabajadores dependientes; Itaipú con 1.523 nombres; CIE SA, con 1.358 exobreros y Grupo Consultor Alto Paraná, con 1.057 personas. También figuran Concret Mix SA, Jiménez Gaona y Lima, Electromon SA, etc.
Cobraron contratados por la hidroeléctrica
Itaipú a través de un comunicado aclaró que el pago efectuado en el lado brasileño -y el cual usaron como argumento el miércoles último varios diputados cartistas para aprobar la compensación- fue a empleados directamente contratados por la entidad, en concepto adicional de peligrosidad por riesgo eléctrico, y no a los extrabajadores de empresas contratistas y subcontratistas. “Este pago fue realizado luego de haberse dictado una sentencia judicial en un juicio iniciado en tiempo oportuno por los sindicatos SINEFI y SENGE de la margen izquierda, antes de que la acción prescriba. Se resalta que Itaipú Binacional no efectuó pago alguno a empleados de empresas contratistas y subcontratistas por beneficios laborales adicionales”, dice el documento.
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Asimismo, la entidad aclara que los extrabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas nunca han formado parte del cuadro propio de empleados de la Itaipú Binacional, con la entidad no tienen ningún tipo de vinculación jurídica laboral o de otra naturaleza.
“La responsabilidad solidaria establecida en un protocolo binacional de Itaipú con respecto a las empresas contratistas y subcontratistas sobre eventuales reclamos de sus trabajadores quedó sin efecto por la Ley N° 1.869 del 14 de marzo del 2002, que aprobó las notas reversales número 6 y 7, de setiembre de 2000, por lo que todo reclamo actual se encuentra definitivamente prescripto”, señala como punto el comunicado. Por último, agrega que la propuesta legislativa constituye una amenaza para la seguridad jurídica en el Paraguay.