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La denuncia por destrucción de infraestructura de alambrado eléctrico fue presentada por la abogada Rosa Martínez de Vacchetta, representante legal de José Santos Canillas, propietario del inmueble afectado por la obra de la circunvalación de la ruta PY18 a la altura de esta ciudad del departamento de Caazapá.
La profesional abogada explicó que al destruir el alambrado de manejo de las lecheras, se atenta contra el sistema de producción de leche que se utiliza para la elaboración de queso, según refirió.
En el juzgado de Guillermo Riveros se tramita un expediente que presentó la Procuraduría General de la República para exigir la liberación de una franja para el MOPC para la construcción de la circunvalación de la ruta PY18.
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Una vez verificado por el magistrado que efectivamente el ancho de la ruta afecta dicha infraestructura, las partes acordaron que se colocaran dos portones de acceso a la propiedad y un paso de ganado subterráneo, por donde los animales pasarán de un piquete a otro, siendo de la Estancia Santa Emilia SRL.
Uno de los acuerdos entre las partes, la empresa Tocsa, encargada de la obra de circunvalación, coordinará con el propietario del inmueble en cuestión a qué altura se construirán los portones y el paso de ganados, el ducto por donde deberán cruzar el caño de agua corriente, energía eléctrica de un lado a otro de la ruta asfaltada.
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Los empleados de la Empresa Tocsa quienes participaron de la constitución del juzgado admitieron que cortaron un alambrado eléctrico para hacer pasar una máquina, sosteniendo que lo volvieron a reponer, pero fue con la anuencia del capataz del establecimiento.
Además del titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 14 turno de Asunción, Guillermo Riveros, estuvieron los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el propietario del inmueble afectado, José Santo Canillas y su abogada Rosa Martínez, abogados de la Procuraduría General De la República y también de la empresa constructora.
El magistrado Riveros dijo que en el lugar no va tomar ninguna decisión, sino solamente se labrará acta y que la resolución sobre el tema será tomada en los próximos días.
La Procuraduría General de la República había entablado un proceso contra la empresa Santa Emilia SRL para exigir la apertura de la franja de dominio para la construcción de la circunvalación de la ruta PY18 para evitar cruzar la ruta por la ciudad.
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Canillas por su parte exigió la indemnización a precio de mercado de las 10 hectáreas afectadas por la obra, asegurando que en el pasado no cobró la indemnización por la parcela perdida para la construcción de la ruta asfaltada del acceso a San Juan Nepomuceno.