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Originalmente ya se tenía fecha para el desalojo: el miércoles 20 de julio. Sin embargo, todo cambió cuando un par de días antes la agente Elvia Chávez, fiscala que determinó el desahucio en la propiedad de los Aché, fue recusada por los campesinos invasores y Volnei Ricardi, quien posee un título sobre la propiedad reclamada por los Aché.
Ahora el caso vuelve en manos del fiscal Lucrecio Cabrera, quien adelantó que no tomará ninguna medida rápida sobre el reclamo de los Aché porque existen dos títulos sobrepuestos en relación con las 2.000 hectáreas en litigio.
“Eso se debe discutir en el ámbito civil para determinar cuál de los títulos es válido, el del INDI o el de Volnei Ricardi”, señaló el agente.
Al indicársele que la fiscala Chávez ya había determinado fecha para el desalojo, el mismo señaló que no puede hacerse cargo del criterio de su colega y sostuvo que al tomar dicha decisión probablemente no tenía conocimiento de la situación real y la que que ahora se está conociendo.
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También Cabrera señaló en ese sentido que aparte de la duda sobre quién tiene mejor derecho sobre las tierras reclamadas por los Aché, existe una medida cautelar de urgencia vigente que fue dictado por el juez Víctor Godoy el 30 de mayo de este año, a favor de Volnei Ricardi. Dicho amparo impide igualmente que el Ministerio Público pueda promover el desalojo de la propiedad.
Ricardi se presenta como propietario de la finca 4027 de 1.998 hectáreas, que supuestamente había adquirido en una subasta de un banco en quiebra en el año 2007.
En el año 2018 autorizó por escrito a un grupo de 150 campesinos a ocupar dicho inmueble y desde entonces se instaló el conflicto ya que los Aché tenían dichas tierras como parte de su patrimonio ancestral.
El juez Godoy reconoció la existencia de dicho amparo y explicó que se debe sustanciar en una audiencia el 2 de agosto próximo, donde están convocados representantes del Indi, del Indert y de Ricardi.
De igual manera, el fiscal aclaró que si bien la misma aún debe sustanciarse, ya se prohíbe el ingreso de personas extrañas a la propiedad invadida, incluyendo a la fiscalía.
Además del dudoso título que posee Ricardi, el mismo tendría el apoyo político de influyentes autoridades del gobierno, tanto en Canindeyú como en la Capital para sostener la propiedad reclamada por los Aché. Sería además un aportante en el ámbito de la justicia.
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