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Por el Auto Interlocutorio N° 650/2022 J.G., de fecha 17 de junio de 2022, la jueza penal de garantías interina, del juzgado penal de garantías de María Auxiliadora, distrito de Tomás Romero Pereira, Karina Ruiz Díaz, dispuso el sobreseimiento provisional de los imputados Estela Mari Romero Escobar (48) y Osvaldo Rubén Cabral Duarte (62) en la causa caratulada “Estela Mari Romero Escobar y otro S/ coacción grave y otros”, y el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre los mismos.
Asimismo, fija un plazo de tres años para que el agente fiscal interviniente practique algunas diligencias, entre ellas la incorporación de pruebas testificales, como audios de amenazas de muerte vía telefónica, vídeos en los que se ve el momento en que logran quitar el arma de fuego del poder de la mujer, declaración de algunos testigos, informe de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) sobre la procedencia del arma, entre otras.
El trabajador radial cuestionó la forma en que se manejó todo el proceso de investigación fiscal, en el cual, pese a ser parte directamente involucrada, no tuvo prácticamente acceso a información de cómo se llevaba al expediente. “Yo no entiendo mucho de cómo se lleva un proceso, y no contraté abogado confiando en que la fiscalía haría su trabajo de investigar y perseguir, pero encuentro con la notificación de que mis atacantes fueron sobreseídos”, cuestionó.
Según trascendió, un vencimiento de plazo que se registró en la unidad penal que lleva la causa, a cargo del fiscal Walter Castro, derivó el expediente a la Fiscalía General adjunta, en Encarnación. El titular de dicha unidad, Humberto Rosetti, solicitó el sobreseimiento provisional de los imputados en la causa, y el juzgado de garantías dispuso la medida.
“Es llamativo cómo un caso tan grave, en el que un trabajador de prensa es agredido, amenazado de muerte, y si no se concretó un atentado fue por la oportuna reacción de la misma víctima y de los testigos, tiene un tratamiento tan favorable por parte de la fiscalía y el juzgado que debe garantizar la correcta aplicación de la justicia”, cuestionó Leiva.
El incidente en el que el trabajador fue agredido ocurrió la noche del 28 de agosto de 2021, luego que éste cubriera para la radio donde trabaja un mitin político y caravana de partidarios de una Alianza política opositora al ex hombre fuerte de Mayor Otaño, Pedro Chávez (ANR), en el marco de la campaña para las elecciones municipales pasadas.
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“Yo ya estaba volviendo, cuando observo que una rueda de mi vehículo estaba pinchada. En momentos que cambiaba la rueda llega esta señora a bordo de una camioneta, conducida por su pareja, se baja y pistola en mano me aplica un golpe en la cabeza, diciendo que ellos (los colorados) son los que mandan. Al notar que tenía un arma forcejeo, le quito el arma, y con ayuda de otras personas logramos quitarle la pistola que luego entregamos a la policía. Se hizo la denuncia, se presentaron videos como prueba, el testimonio de los testigos, pero es llamativo la derivación que tiene el caso”, lamentó el comunicador.
Fiscal pedirá reapertura de la causa
El fiscal Walter Castro, por su parte, señaló que solicitará la reapertura de la causa. “Ahora la causa ya volvió (a su unidad fiscal) y solo queda hacer esas diligencias que se mencionan allí (en el AI de la jueza) y luego reabrir la causa”, apuntó.
Castro aseguró que el caso no terminará en el “oparei” como teme el locutor agredido. “Estamos pendiente de la audiencia preliminar para poder sustanciar ese requerimiento, para luego reabrir la causa y acusar”, afirmó. Ambos procesados están imputados por coacción grave y transgresión a la ley de Armas.