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“Reflexionamos colectivamente, sobre las consecuencias económicas, sociales, legales, y sobre todo de condiciones laborales, que resultan de estos dos años de pandemia. Siendo conscientes de que la crisis no fue sólo sanitaria, sino sobre todo es crisis sistémica del capitalismo rancio, que logró mercantilizar todo y evidenciando sus limitaciones a pesar de todo el avance en las ciencias y en la tecnología, sin embargo, más que nunca la idea de un Estado al servicio de las mayorías, cobró mayor sentido así como como la necesidad de que la salud, vuelva a ser comprendida como un bien público, como un derecho para la propia humanidad”, dice Celeste Houdin.
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“Queremos recordar que las y los trabajadores sociales, a pesar de nuestro trabajo silencioso, muchas veces invisible y no pocas veces desvalorizado, por otras profesiones, durante toda la crisis sanitaria hemos estado firmes, atendiendo las demandas de la población más vulnerablizada, en todos los servicios, administrando mísera e infortunios”, puntualiza Celeste.
Además reclaman también desde un comunicado que emitieron que las condiciones de trabajo en general, siguen siendo precarizadas, con salarios bajos, en situación de contratos, incumpliendo las horas establecidas en la Ley, sin espacios físicos adecuados para brindar una atención digna, con gastos que deben ser cubiertos por nosotros mismos, con inseguridades, sin reconocimiento del trabajo en días feriados, y fines de semana, o fuera del horario establecido, exigidas por las autoridades, que no dimensionan el componente social en la complejidad que asume ante cada caso, situación o contexto.
Procesos de intervención
“Queremos hacer hincapié en que realizar intervenciones desde el trabajo social, ya sea, en procesos de vínculos familiares, realizando, peritajes forenses, evaluaciones para procesos de adopción, informes sociales socioeconómicos, gestionado asistencia diversa, haciendo acompañamiento familiar, a personas del ámbito penitenciario, implementando acciones socioeducativas, entre otros, no son acciones caritativas ni azarosas, son procesos de intervención, en los que se pone en riesgo muchas veces la vida, el presente y el futuro de quienes son atendidos, por lo tanto el trabajo que se realiza, no puede ser tomado a la ligera”, reclama.
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“Hemos aprendido en este tiempo también, a luchar por el cumplimiento de los derechos establecidos en nuestra Ley 6220, y también nos sumamos a un desafío de buscar una jubilación digna, derecho que, en nuestro país, prácticamente está negado”.
Afirma Celeste Houdin que “nos concebimos como trabajadores especializados para realizar un trabajo social, por lo tanto exigimos que nuestra labor sea valorizada, reconocida como necesaria, no solo en la asistencia, sino también en lo socio-educativo promocional en ámbito de la gerencia, así como en la elaboración y definición de las políticas sociales”.
Ejercicio ilegal de la profesión
Además reclamna que el cuidado poco profesional que se tiene para que las funciones garantizadas por la Ley 6220 sean realizadas exclusivamente por las y los profesionales de trabajo social, es decir, “debemos constantemente recordar, que nuestra profesión es una profesión especializada, por tanto, tiene competencias concretas, que no pueden ser asumidas por otros profesionales. Esto sigue siendo una constante, razón por la cual hemos generado una serie de acciones con las autoridades de los distintos ministerios, incluyendo solicitando que se cumpla la Ley, que se establezca las garantías necesarias para el ejercicio real de la profesión en el país y que se apliquen las sanciones que correspondan en el caso de que se descubra lo que se llama ejercicio ilegal de la profesión. Hacemos este llamado, pues pareciera que trabajar con lo social, puede ser realizado por todas o casi todas las profesiones, pues escuchamos a menudo que otros profesionales afirman hacer “un trabajo social”.
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“Tal como la Ley nos otorga derechos, también nos exige cumplir con las obligaciones ética y política, para con las y los sujetos que realmente necesitan por ejemplo asistencia, desterrando las prácticas prebendarias y clientelares, que no pocas veces son impulsadas por las autoridades superiores, quienes por sus cargos deciden otorgar o no un servicio. Sabemos que los cambios no son fáciles, pero estamos seguros de que nuestra profesión al contar con una Ley que regula su ejercicio, y fortaleciendo nuestra organización gremial, exigiendo condiciones favorables el ejercicio pleno de nuestra profesión, contribuiremos cada vez más para hacer realidad lo que reza nuestra Constitución Nacional cuando indica que el Paraguay es un Estado de Derecho”, concluye la secretaria general de Siprotraso Py, Celeste Houndin.