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En una maratónica jornada finalizó el juicio al exjefe comunal Gustavo Amado Alfonzo Prieto, la exadministradora municipal María Luján Leite y María Elena Feliú, pues el presidente del Tribunal de Sentencia de Caacupé dio a conocer su veredicto desde las 16:00 del jueves hasta la 1:00 del viernes último.
El colegiado de sentencia resolvió condenar a dos años de pana privativa de libertad con suspensión a prueba al exintendente Gustavo Alfonzo Prieto, quien fue acusado por lesión de confianza por el uso irregular de fondos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
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Sin embargo, el Tribunal también añadió reglas de conducta y la principal es que Gustavo Amado Alfonzo Prieto, debe reparar en un periodo de cinco años el perjuicio patrimonial causado por el mal uso de los fondos que, para los magistrados asciende a la suma de G. 600 millones.
El agente fiscal Luis Piñánez, quien representó al Ministerio Público durante el juicio oral y público, señaló a nuestro diario “para nosotros el perjuicio fue mucho más en este caso, pero para el Tribunal, durante su debate se tomaron en consideración algunas construcciones que para él sí hubo contraprestación, pero sí consideró que esa suma desembolsó y no justificó”.
Gustavo Alfonzo estuvo al frente de la Municipalidad de Arroyos y Esteros entre los años 2010 y 2015.
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Condena y absoluciones
Tribunal de Sentencia de Caacupé, también resolvió condenar a María Luján Leite Sánchez, quien en el mismo periodo de gobierno de Alfonzo Prieto se desempeñó como administradora del Municipio de Arroyos y Esteros.
La pena que le impuesta fue de dos años de privación de libertad, al ser hallada culpable por la comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplice.
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En tanto que para otra procesada, María Elena Núñez Feliú, el colegiado de sentencia resolvió absolverla. Previamente, Katia Daniela Laterra Ocampos, también fue absuelta por pedido de la Fiscalía.
Piñánez añadió “se le condenó al exintendente y la exadminsitradora de la Municipalidad de Arroyos y Esteros, lo que es una sanción a un modus operandi que no muchas veces se da, por que Alfonzo Prieto renunció de la municipalidad y antes de entregar su cargo hizo desaparecer todos los documentos atinentes al uso del Fonacide”.
Causa por Fonacide
El Ministerio Público tomó conocimiento del hecho en el 2014, por que el entonces fiscal de Emboscada Roberto Velázquez Vezzetti abrió una causa penal por uso irregular de fondos de Fonacide.
En 2017 la Fiscalía realizó allanamientos y solicitó informes a la administración de ese entonces, pero esta señaló que en su Corte administrativo no recibieron documentaciones respaldatorias sobre gastos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015.
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Sin embargo, según extracto bancario de la cuenta N° 024-00-230469/3, remitido por el Banco Nacional de Fomento en 2013, el municipio de Arroyos y Esteros recibió una transferencia de G. 1.184.096.802. En 2014, la comuna realizó erogaciones por G. 1.902.631.666 y en 2015 egresaron G. 158.166.515, que totalizaron G. 2.060.798.181, según la acusación fiscal.
Tras constatar esto, se realizaron allanamientos a la Municipalidad arroyense, autorizados por la jueza Blanca Báez, pero no se lograron ubicar documentos relacionados a la citada cuenta bancaria destinada para el depósito de fondos del Fonacide.
En el marco de la investigación también se allanó la casa de Alfonzo Prieto, en el Complejo Carlos Franco Country de Arroyos y Esteros, donde se halló un bibliorato con copias simples de los extractos bancarios de la cuenta N° 024-00-230469/3.
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También se constató que Alfonzo Prieto y María Luján Leite, siempre según la acusación, emitieron cheques del citado municipio de la cuenta del Fonacide a favor de personas y firmas supuestas prestadoras de servicios y obras. En cuanto a las obras, especialmente en escuelas, varias estaban inconclusas.
Condenado, siete años después
Un Tribunal de Sentencia de Caacupé presidido por la magistrada Cinthya Paola Páez Mancuello e integrado por los jueces de Paz de Caacupé Ana Matilde Ortiz Arana y Agustín Portillo, condenó al exintendente de Arroyos y Esteros Gustavo Amado Alfonzo Prieto a seis años de prisión.
El otrora jefe comunal entre 2010 y 2015, en Arroyos y Esteros, fue procesado por el fiscal Luis Piñánez por lesión de confianza y producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, pero fue absuelto en el hecho de producción mediata.
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También fueron enjuiciadas la directora general de la Municipalidad y hermana del mismo Carmen Cristina Alfonzo Prieto, para quien se pidió 3 años y 6 meses de prisión, la exadministradora municipal María Luján Leite, con pedido de 2 años, y el Gustavo Alfonzo Bello, cuya absolución fue solicitada.
Finalmente el colegiado resolvió condenar a Carmen Alfonzo a 3 años de cárcel y la absolución por duda razonable de María Luján Leite y Gustavo Alfonzo Bello. Las condenas se dictaron con cumplimiento inmediato, es decir, el intendente y su hermana, tras conocer la pena ya fueron a prisión.
El proceso de la causa duró 7 años, por varios recursos dilatorios por parte de la defensa. Anteriormente, ya fueron condenados la secretaria general Lilian Fabiola Benegas y el supuesto proveedor de servicios de obras de empedrados Alejandro Magno Núñez.