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Abogado justificó allanamiento a la demanda civil de la Corte
La Comisión Directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay (CEP) que preside Jorge Miller Donna dio un informe a los socios sobre la demanda civil de rendición de cuentas que le promovió la Corte Suprema, que le reclama G. 49.000 millones por la venta de materiales de uso notarial, desde mayo de 1999 a enero de 2021. También se informó sobre la denuncia penal por apropiación y lesión de confianza contra los exdirectivos, justamente por no previsionar la suma reclamada por la Corte y que derivó en la demanda civil.
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El abogado Juan Claudio Gaona explicó que la rendición de cuentas es un juicio sumario, que tiene dos partes esenciales; en la primera se discute si el demandado tiene la calidad de obligado a rendir cuentas. En la segunda parte refiere a las cantidades, o sumas a rendir.
“En este caso, los antecedentes que obran en nuestro poder y que están en la demanda, constancias de las distintas comisiones directivas en la cuales, como en el caso especialmente de los señores Roberto Escobar y Ana Manuela González Ramos, quienes nota mediante aceptaban que debían rendir cuentas y ofrecían distintas modalidades para realizarla. También ambos presidentes solicitaban mejorar los porcentajes a favor del CEP y que estaban de acuerdo en rendir cuentas. Hubo distintas propuestas, como ser 60% a favor de la Corte y 40% a favor del CEP; 55% a favor de la Corte y 45% a favor del CEP, por ejemplo, firmada por acto de comercio”, informó el abogado.
Agrega: “Las directivas anteriores en las demandas que iniciaron y perdieron en todas las instancias, sostenían que como no había actos de comercio y que el Poder Judicial no puede lucrar, el dinero le pertenecía a el CEP. Podemos demostrar con documentos que el CEP, realizaba actos de comercio, pues en cada documento que vendía a los profesionales escribanos, tenían un porcentaje mínimo del 50% de ganancia por documento, y en algunos casos hasta de 250%”.
“Luego de esta breve explicación pasamos a exponer los términos de la demanda iniciada por la Corte, la cual inició por un monto de G. 49.000 millones y se solicitó el embargo preventivo de todos los bienes del CEP. Como esta Directiva no tenía más de dos horas en el cargo, y unos nueve días para contestar la demanda y sin conocimiento acabado de la situación financiera y documental de la deuda, se propuso a la Corte dentro del expediente un posible acuerdo de parar el juicio por 6 meses, tal como lo permite el Código Procesal Civil, si todas las partes están de acuerdo; y así se firmó y acordó la suspensión de todo trámite por 6 meses, mientras se realizaban auditorías, pericias y trazabilidad del dinero, además que cada parte pagaría sus gastos. Este acuerdo fue firmado por el representante legal de la Corte, la Procuraduría, y nuestra parte”, indicó Gaona.
“Así fue que nos allanamos a la 1ª parte del juicio, o lo que es lo mismo, a que somos sujetos de rendición de cuentas, pues si no lo hacíamos habríamos actuado de mala fe, porque los anteriores presidentes del CEP en varias notas admitían que se debía rendir cuenta e inclusive ofrecían otras modalidades de pago como la rendición mensual y no bimestral. Por tanto y para dejar claro, el allanamiento es parcial, a la demanda, pues solo admitimos que somos sujetos obligados de rendir cuenta. Con esto la denuncia de los anteriores directivos cae por sí sola, y además se utilizan los documentos por ellos arrimados a la Corte, y que obran en la demanda”, explicó.
La deuda con la Corte que enfrenta a los escribanos
La posición del CEP, en cuanto a la deuda incluyendo gastos indirectos, admitió que se debía la suma de G. 23.400 millones ,y la Corte manifestó que la suma ascendía a G. 49.000 millones; por tanto, se realizó la pericia judicial, la cual resultó en unos G. 39.000 millones; son unos G. 10.000 millones menos que lo que se solicitó inicialmente en la demanda, refirió en su informe el abogado.
Gaona explicó que “si nos hubiésemos ‘allanado incondicionalmente’ a la demanda, como están mal informando, hubiésemos aceptado que el CEP debe a la CSJ la suma reclamada en el escrito de demanda, es decir, los G. 49.000 millones y no hubiésemos discutido los números”, dijo finalmente.
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La denuncia penal
Como consecuencia de que las anteriores comisiones directivas no previsionaron para realizar la transferencia de dinero de lo percibido por la venta de materiales de uso notarial, desde 1999 a 2021, que por cuya consecuencia la Corte Suprema le inició al Colegio de Escribanos la demanda civil de “rendición de cuentas”, la actual directiva presidida por Jorge Miller Donna promovió una denuncia penal por lesión de confianza y apropiación contra los exdirectivos del gremio, ya que el juicio civil afectó y seguirá afectando el patrimonio del CEP, ya que sus bienes fueron embargados por G. 49.000 millones y podrían ser rematados.
La denuncia penal de los actuales directivos del CEP está a cargo del fiscal Néstor Coronel.
Admitir demanda constituye daño patrimonial al gremio
El abogado Guillermo Duarte, representante legal de los escribanos exmiembros de la comisión directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay (CEP), Ana Manuela González Ramos y Roberto Escobar, explicó que la denuncia penal por lesión de confianza que promovieron en la Fiscalía contra la actual directiva que preside Jorge Miller Donna es porque comprometieron el patrimonio del gremio al allanarse a la demanda civil de “rendición de cuentas” que entabló la Corte al gremio, sin que exista una deuda exigible.
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Duarte explicó que no existe aceptación de la deuda por parte del Colegio de Escribanos del Paraguay para que la actual directiva se haya allanado a la demanda de la Corte, ya que por acordadas de la Corte no se le puede obligar a un tercero a pagar algo.
“Estaba en discusión justamente esta exigibilidad cuando la Corte entabla la demanda de rendición de cuentas, bajo la presidencia del ministro Alberto Martínez, entonces titular de la máxima instancia judicial. En ese momento cambia la comisión directiva del CEP, que siempre tuvo la postura de no reconocer la deuda, sino por el contrario, debía oponerse a la demanda de la Corte”, indicó el abogado.
Agregó: “Sin embargo, la Corte que reclamó inicialmente G. 13.000 millones, era una demanda que iba a contestar el abogado Marcelino Gauto Bejarano, el 25 de mayo de 2021, pero el 23 de mayo ya se presentó el abogado Juan Claudio Gaona, por mandato del Colegio de Escribanos, a allanarse al reclamo de más de G. 20.000 millones. Desde el momento en que se reclaman los G. 13.000 millones, que ya es discutible, y para peor, se allana a los G. 20.000 millones, claramente es porque querés regalar tu patrimonio cuando ni siquiera te era exigible la deuda”.
Ahora, a la discusión de la exigibilidad de esa deuda hay que sumarle el plazo de prescripción, porque no se puede reclamar lo supuestamente adeudado desde hace 22 años atrás (de 1999 a 2021). La nueva comisión directiva es garante del patrimonio del Colegio de Escribanos y no se puede pagar algo que está prescripto, sin embargo, se allanaron, indicó Duarte.
Expresidente del CEP habla de “acuerdo secreto”
Para el escribano Roberto Escobar hubo un acuerdo secreto entre la Corte y el Colegio de Escribanos. “El 7 de mayo ganó las elecciones la nueva comisión directiva, y el 12 de mayo le notificaron de la demanda, el día que asumieron. Inicialmente la demanda de rendición de cuentas era de G. 13.000 millones, pero allí hubo un acuerdo secreto que no se difundió, yo estaba en la directiva como miembro, y yo advertí que tenía poder para demandar o contestar demandas, el abogado Marcelino Gauto, civilista de primer nivel, pero le dan poder al abogado Juan Claudio Gaona, que es penalista, y los miembros insistían en que tenían que allanarse a la demanda de rendición de cuentas porque supuestamente llegaron a un acuerdo donde la Corte le daba 6 meses de plazo para poder arreglar la deuda”, dijo el escribano.
“Entonces la Corte ya le había sacado la administración-venta de materiales de uso notarial, y también la Corte tomó la determinación de que el Colegio de Escribanos ya no iba a participar de los concursos de oposición para notarios. Todo esto era evidencia de que había un acuerdo entre el Colegio y la Corte, y que se debía allanar a la demanda de rendición de cuentas”, agregó Escobar.
Pasaron los 6 meses y no hubo arreglo, y para peor el Colegio solicitó que se tramite la demanda en plena feria judicial (enero), algo totalmente fuera de lugar. Con esta denuncia penal que hicimos ratificamos que sí hubo una negligencia y lesión de confianza porque en vez de defender al gremio ellos fueron a entregar el patrimonio, y a partir de allí vinieron todos los embargos que afectaron al local social, el local del archivo de los protocolos, otros inmuebles en San Lorenzo, en Encarnación y en Ciudad del Este. El patrimonio en inmuebles del CEP es de alrededor de 5 a 6 millones de dólares.
Como consecuencia de esta denuncia penal, la fiscala Marlene González solicitó las actas para verificar quiénes votaron a favor de que se reconozca una deuda de 22 años atrás, indicaron.