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El ejecutivo departamental, el colorado cartista Juan Carlos Vera, quien actualmente está separado del cargo por denuncias de corrupción y despilfarro de los US$ 2.000.000 de los fondos covid-19 que debían utilizarse para la reactivación económica del departamento, denunció al interventor Pablo Adriano Vera. El designado por el Poder Ejecutivo lleva adelante una auditoría a su cuestionada administración.
La denuncia contra Vera es por supuesta usurpación de la función pública al designar a tres personas ajenas a la institución. Indicó que se trata de los exconcejales municipales de Villarrica Óscar Rubén Martínez y Martha Caballero, además del exsecretario departamental de Juventud Richard Benítez.
Según Vera Báez, el interventor se excedió en las funciones que debe desempeñar como tal al nombrar a las mencionadas personas en cargos sensibles de la Gobernación, alegando que “escapan de las atribuciones que la Ley 317/94 de la Intervención le faculta. Su cargo es el de un administrador temporario con fines específicos (verificar la utilización de los fondos covid)”, expresa en parte la nota de denuncia que a la vez también exige una imputación urgente.
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Al respecto, el interventor Pablo Vera Insaurralde manifestó que está cumpliendo lo que dice la Ley N° 317 de la intervención y lo que establece la Constitución Nacional.
“Yo vine por decreto del Ejecutivo y en ningún momento le quité a un personal de la institución. Lo que se hizo fue apartar de sus funciones a algunas personas que afectan a la administración que venimos a intervenir; lo que él (gobernador) hace es tratar de entorpecer el trabajo, denunciarme solo es para eso, porque estamos encontrando muchas irregularidades”, expresó Vera.
Asimismo, explicó que los apartados no fueron desvinculados. “Que yo venga a ver las irregularidades de la administración con la gente de la administración de Juan Carlos Vera es medio ilógico, tengo la potestad de hacer eso. Cesar sus funciones en tanto continúe la intervención, no quitarles de la institución, la resolución es muy clara, y como digo solo trata de ensuciar. No puedo venir a usurpar si tengo algo que me avala y una normativa que establece mis funciones”, señaló.
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Verificaron obras inconclusas durante gestión de Vera
En el marco de la intervención, el equipo auditor acompañado de técnicos calificados, verificaron varias obras que fueron encaradas con recursos de los fondos covid-19.
Entre ellas, se pudo constatar la ineficiente refacción y ampliación de la Unidad de Salud Familiar (USF) de la localidad de Yataity del Guairá. En los papeles figuran como terminadas y pagadas en su totalidad, pero se encuentra inconclusa.
El colaborador de la intervención Richard Benítez enfatizó que pudieron constatar que la obra se encuentra sin terminar y en pésimas condiciones, pues “atenta contra la integridad física” de los pacientes que acuden al lugar.
El director de esta USF comentó que la empresa encargada utilizó la madera de un árbol caído en el predio para convertirla en vigas. También que la estructura está apuntalada con tacuaras”, lamentó Benítez.
La obra fue adjudicada en noviembre del 2020 a la firma “Emprendimientos Paraguay” representada por Wilson Antonio Cuevas Balmaceda por un monto total de G. 203 millones, que ya cuenta con acta de recepción definitiva de las obras, con fecha 31 de diciembre del 2020, pero solo en papeles.
Por otro lado, también se verificó el tinglado y el denominado “gimnasio de oro”, construidos por la Gobernación por casi G. 600 millones, a través de comisiones vecinales. Supuestamente habría una sobrefacturación.
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