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La jueza Sady Barreto informó a las partes litigantes, “téngase por deducido el incidente de tercería de dominio interpuesto por el Estado paraguayo, por lo que se ordenó la suspensión del proceso del remate, previo pago de los gastos de la subasta pública”, establecido en el artículo 167 del Código de Organización Judicial, que asciende a G.10.911.000.
Se deberá abonar la suma de G. 9.981.000 por gastos de publicación, G. 440.000 por comisión al rematador y G. 490.000 por gastos de secretaría. Dicho pago deberá abonar el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
El supervisor de este municipio, Alberto Candia, manifestó que la resolución de la jueza Barreto “da un alivio y esperanza” de que se podrá recuperar el predio de la escuela de Espartillar, que está asentada, de acuerdo a los asesores del MEC, en dos fincas cedidas por los herederos de Don Camilo Sosa Castillo.
Una de las fincas es la N°4467, Padrón N°10.488, cuyo heredero, Agustín Sosa, había cedido una parte a favor de la institución y la otra parte que ahora está en litigio es la finca N°8626, Padrón N°4548. Esta última está con un juicio ejecutivo de subasta pública, pero que ahora, con la disposición de la jueza, queda suspendida su ejecución.
Los padres de familia, docentes y alumnos, ante la noticia sobre que la escuela iría a remate, salieron a denunciar el hecho e incluso llegaron hasta la circunscripción judicial de Paraguarí para solicitar a la jueza que atienda el reclamo de los niños y jóvenes que pedían no le dejen sin la escuela que es el segundo hogar que tienen para estudiar.
El abogado Víctor Martínez, defensor de Rogelio Sosa, presentó también un incidente de nulidad del proceso.
En prosecución al inconveniente que viene teniendo la institución educativa, una comitiva de la asesoría jurídica del MEC y de la Dirección de Educación Departamental se constituyó en la escuela para conversar con los directores, docentes y algunos padres de familia, con la intención de tranquilizar a la comunidad, sosteniendo que ya se presentó la medida cautelar para suspender el remate público que afecta al recinto escolar, explicó el supervisor Alberto Candia.
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El incidente de tercería de dominio fue presentado por el procurador general de la República, Rodolfo Andrés Barrios, y por Carlos Raúl López Valdéz, procurador delegado. La acción se interpuso en favor del MEC, pero en puridad, el titular del derecho es el mismo Estado.
Otras cuatro instituciones están sin título
Atendiendo a la situación que afecta ahora a la escuela Don Camilo Sosa Castillo de la compañía Espartillar, el supervisor manifestó que existen otras cuatro escuelas rurales que precisan ser regularizadas sus ocupaciones. No tienen título de propiedad tres de ellas y están dentro la propiedad del Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que una tiene contrato privado.
En ese sentido, Candia que ya puso a conocimiento de las autoridades del MEC, que la escuela Demetrio Santacruz, de la compañía Bajo Guazú, y dos escuelas de la compañía Ndavarú, María Auxiliadora de la y la escuela Sagrado Corazón de Jesús, que están aún dentro de la propiedad del BCP y la cuarta institución que necesita cuente con el título de propiedad y que está con contrato privado es la escuela de Beni Loma, Defensores del Chaco.
Ante el caso que se tiene ahora con la escuela Camilo Sosa de Espartillar, se remiten todos los antecedentes de las instituciones de este distrito en el que urge que las instituciones cuenten con sus respectivo títulos, para así de manera a evitar tener que litigar para reclamar la propiedad.