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El intendente local Luciano Cañete, en enero del 2021, fue imputado por la Fiscalía por la sospecha de “producción inmediata de documentos públicos de contenido falso”. Un grupo de la Junta Municipal del periodo anterior le había denunciado por autorizar de manera irregular un loteamiento a favor de Luis Martínez Cáceres, representante de la inmobiliaria Durban Trading S.A, para urbanización, en una zona industrial.
El 8 de setiembre del 2019, los concejales municipales Ada Ramírez, Ángel Enrique González, Arnaldo Benítez, Alberto Virgilli, Agustín Matto e Ignacio Cáceres -todos colorados- y los ediles liberales Margarita Miró, Rubén Galeano y Marcelo Benítez; del Frente Guasu, Aníbal Benítez, y Carlos Amarilla, independiente en ese entonces -y se abstuvo de denunciar el hecho César Brítez (ANR)- habían presentado la denuncia ante el Ministerio Público.
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Los concejales habían denunciado que había un sello de mesa de entrada el 26 de setiembre del 2019 de que supuestamente se presentó el pedido ante la Junta Municipal para su estudio y un expediente con número 235, refrendado con una firma ilegible que no corresponde a ningún funcionario de la Junta Municipal y tampoco figura en el libro de registro de mesa de entrada ningún expediente.
El ejecutivo comunal utilizó dicho documento y por resolución N°656/2019 del 2 de diciembre de dicho año aprobó de forma definitiva el referido loteamiento. Esta causa sigue pendiente y ahora el ejecutivo comunal remitió una nota a la Junta Municipal para dejar sin efecto la ordenanza de zonificación del área urbana.
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En su nota remitida a la Junta Municipal, el intendente justifica que la derogación de la ordenanza obedece a que “a todas luces la mencionada ordenanza municipal transgrede su propia reglamentación, en el sentido de que, dentro del municipio de Carapeguá, existen cuestiones de hecho que obligan a replantear nuestras normas ambientales vigentes, y de esa manera no afectar a las urbanizaciones existentes en la ciudad”.
Alega también que el cobro de impuesto inmobiliario es uno de los ingresos más importantes de la institución afectada por esta situación porque no se tiene plano ni referencia para poder señalar las zonas afectadas. Pidió, además, conformar una mesa de trabajo para debatir sobre la delimitación de la zona urbanizada.
En ese sentido, por resolución N°326/2022, la Junta Municipal local rechazó el pedido de derogación de la ordenanza por la cual se aprueba la zonificación del municipio. Los ediles consideran que un municipio no puede quedar sin una ordenanza de zonificación, mientras no exista otro proyecto que amerite estudiar y evaluar una nueva zonificación.