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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Gustavo Ocampos González, resolvió no hacer lugar a la recusación planteada por el supuesto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez y la estudiante de Economía Luz Antonella Guerrero Quintana, y confirmó a la jueza de Garantías de Crimen Organizado Rosarito Montanía para atender el caso Mercat.
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Bajo patrocinio de la abogada Mariela Elizabeth Cardozo los procesados recusaron a Montanía, con el argumento que la magistrada debió apartarse y no resolver el incidente planteado por la abogada Lilian Mendoza Caballero, defensora de Fernando Rafael Silva Riveros, quien solicitó la nulidad absoluta de todo lo actuado en el caso Mercat, por supuesto incumplimiento de formalidades procesales.
La defensa alegó que “no es lógico que a pesar que las resoluciones que fueran atacadas de nulidad absoluta, fueran anuladas por la parte interesada”. Agregó que sería mas lógico que un juez imparcial y respetuoso del debido proceso y las garantías procesales de un justiciable se inhibiera de resolver tal cuestión, pero en esta situación, la magistrada decidió en resolver a pesar de estar dentro de las causales establecidas en el artículo 50, inciso 6 del Código Procesal Penal.
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Al respecto el tribunal de alzada concluyó que el motivo alegado por los recusantes no le corresponde invocar a las partes, cuando la norma prevé sobre cuestiones personales de los jueces para separarse de los juicios, cuando no se encuentren en condiciones suficientes para seguir actuando en los mismos.
Añaden los camaristas que dichos motivos son de carácter personal y solo pueden ser señalados por los magistrados, cuando la causa afecte su imparcialidad o independencia.
Jueza descartó anular actuaciones en el caso Mercat
El pasado viernes 1 de julio la jueza de Garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, rechazó el incidente de nulidad absoluta de actuaciones planteado por Fernando Rafael Silva Riveros, uno de los procesados en la causa Mercat, bajo patrocinio de la abogada Lilian Mendoza Caballero.
La defensa del procesado argumentó en el incidente presentado que los 16 autos interlocutorios que ordenaron las grabaciones de llamadas, desde el 2020, no fueron enviados a Estadística del Poder Judicial.
Al respecto Montanía resaltó que la nulidad exige la existencia de un agravio irreparable, que implique algún detrimento para sus derechos y que no basta verificar la existencia de la nulidad, ya que de lo contrario se estaría nulificando un acto simplemente por una cuestión formal.
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En el caso Mercat están procesados jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción que supuestamente comercializaban entre 30 y 40 kilos de cocaína de forma mensual, con un promedio de inversión de US$ 140.000 y una ganancia estimada por la misma suma.