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Alentados por autoridades de turno del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), personas con candidaturas para dirigir seccionales coloradas que aprovechan un momento de mucha actividad político-partidaria y se les ofrecen apetecibles cargos supuestamente vacantes, sin requerirse concurso público de oposición y en busca de sacar provecho de los recursos disponibles, así como para el pago de bonificaciones de toda clase establecidas en el presupuesto del Senave, están llegando para instalarse en esta oficina pública, según la queja.
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Los representantes del Sindicato de Profesionales del Senave (Sipsenave), Sindicato de Funcionarios del Senave (Sifusenave) y el Sindicato de Trabajadores del Senave (Sintrasenave) dieron a conocer el repudio y descontento generalizado del funcionariado, que ven amenazados sus puestos de trabajo y los recursos institucionales, por lo que exigen a las autoridades frenar la politización partidaria en un ente eminentemente técnico, según señala un manifiesto conjunto de dichas organizaciones.
Según los referidos sindicatos, tanto los comisionamientos como los traslados trascendidos son de funcionarios públicos sin la especialidad técnica que requiere la institución para cumplir con su misión en el ámbito agrícola, tal como establece la normativa de su creación y funcionamiento.
“La única justificación que se observa es que buscan formar una plataforma político-partidaria en la institución a favor del candidato a la Seccional Colorada número 2, Marcelo Rojas, quien es jefe de gabinete del Senave”, advierten los denunciantes.
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Uno de los casos que encendió debates en las redes sociales y las protestas en el Senave fue un pedido realizado en ausencia del presidente de ese organismo público, Ing. Agr. Rodrigo González, para el traslado definitivo de un chofer, a quien se ofreció una categoría salarial mucho más alta de los que perciben en la actualidad los personales conductores de planta de la institución.
“Esta es una forma para solapar la cesión de mejores rubros salariales, para saltar elegantemente un proceso de concurso público de oposición que establece la Ley 1626 de los funcionarios públicos. Además, seccionaleros han conseguido traer a la institución un grupo de funcionarios de diferentes instituciones estatales, sin necesidad alguna.
Además, denunciaron también el uso de vehículos del organismo sin logotipo, en contra a las disposiciones vigentes en materia de usufructo de automotores estatales. El vehículo de referencia tenía impreso el logotipo en una de las puertas, pero desapareció repentinamente, lo que permite utilizarlo como si fuera de propiedad particular o privada, en la hora y el tiempo que sea necesario, con combustibles pagados por el Estado. “Esta es la época que aparecen sendos pedidos de afuera, alentados por quienes se creen con derecho de despilfarrar los recursos institucionales en nombre de la política partidaria que está vigente en la actualidad”, concluye el manifiesto.