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El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Rossana Maldonado, como presidenta; Fabián Weinsensee e Inés Galarza fijó para el jueves 28 de julio, a las 8:30, el inicio del juicio oral y público en la causa que afrontan el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac Albertini y Rafael Luis María Ramírez Doldán, acusados por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), por un presunto pedido de US$ 50.000 para emitir el voto en una causa.
Sin embargo, el ex integrante de la máxima instancia judicial planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia que fijó fecha para el juicio oral, alegando que está pendiente una acción de inconstitucionalidad que su defensa interpuso en contra de la resolución del Juzgado de Garantías que elevó la causa a juicio oral, y el fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó la decisión de primera instancia.
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Esta mañana se sustanció la audiencia de reposición y el Tribunal de Sentencia rechazó el recurso planteado por la defensa de Bajac. El expediente se remite ahora a la Cámara de Apelaciones para que un tribunal de alzada estudie la apelación subsidiaria que interpuso el acusado de supuesto cohecho pasivo agravado.
El fiscal Luis Piñánez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que el recurso planteado por la defensa de Bajac es meramente dilatorio, teniendo en cuenta que el artículo 559 del Código Procesal Civil establece que si no existe una medida cautelar dictada por la Sala Constitucional del máximo tribunal, el juzgamiento no se puede suspender.
“Existe un riesgo de que este juicio no se inicie en la fecha fijada, atendiendo que el recurso planteado es notoriamente improcedente. Pero, veremos con qué celeridad la cámara resuelve la apelación subsidiaria, teniendo en cuenta que el juicio está fijado recién para el 28 de este mes”, expresó el agente del Ministerio Público.
Bajac habría solicitado coima de US$ 50 mil
Según la acusación fiscal, entre los meses de diciembre de 2017 y julio de 2018, Miguel Óscar Bajac Albertini, en ese entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia, solicitó a Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta, esta última propietaria de la firma Cal Agro SA, el pago de sumas de dinero que ascendían al 5% del monto del capital establecido en un juicio de Cal Agro SA contra la Industria Nacional del Cemento (INC), sobre una indemnización de daños y perjuicios por G. 3.700.000.000.
El monto supuestamente solicitado representaba nada menos que 50.000 dólares norteamericanos, puntualiza la acusación presentada por los fiscales Victoria Acuña y Luis Piñánez.
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Según los investigadores, el propio Bajac se reunió varias veces con los denunciantes en su mismo despacho y solicitó a Felipe Nery Páez “formalizar un acuerdo con un abogado designado por él”.
Para el efecto el ahora exministro designó a Juan Carlos Ávila, con quien los denunciantes firmaron un pacto de cuota litis para hacer pasar la coima como parte de honorarios profesionales.
Acusado cayó infraganti tras cobrar la presunta coima
En la cláusula tercera de ese contrato aparece que los “honorarios” iban a ser abonados una vez que se confirme la sentencia de indemnización de segunda instancia. El “contacto”, además de Bajac, era el funcionario Carlos Lesme.
Antes de que se emitiera el voto, Bajac exigió 50.000 dólares, según los fiscales, y en procedimiento encubierto del 5 de julio de 2018 cayó el facilitador Luis María Ramírez Doldán con una coima de G. 50 millones.
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El entonces ministro de la Corte Bajac cambió su voto y lo emitió en contra del empresario denunciante un día después de que su funcionario allegado reciba la coima de G. 50 millones en la misma explanada del Palacio de Justicia, en medio de un operativo encubierto, según la acusación.