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A petición del intendente Morán, la Junta Municipal aprobó en la fecha el desembolso de G. 512. 169.952 a la empresa constructora “Consorcio Piratiy”, integrado por “Construpar SA” y “Constructora Heisecke SA”.
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El monto, sin embargo, ya es apenas la última parte de un total de G. 6.240.117.542 que corresponde al “fondo de reparo” de la construcción de la Playa y Costanera de Salto del Guairá, que costó a las arcas municipales la suma G.120 mil millones. Además, la Itaipú Binacional aportó la suma de 5 millones de dólares, unos G. 27 mil millones más para culminar la obra.
Según los antecedentes, del monto total de las retenciones cauciónales, el intendente interino Wilson Báez Caballero ya había pagado al Consorcio Piratiy la suma de G. 3. 196.526.185 el 30 de setiembre de 2021.
A su turno, el actual intendente Héctor Morán desembolsó la suma de G. 2.531.421.404 el pasado 8 de junio, y ahora está autorizado por la Junta a emitir otro cheque por la suma de G. 512.169.953, con lo que queda liquidado los pagos al Consorcio. La autorización no tuvo mayores cuestionamientos por parte de los concejales, excepto el edil Julio Ibarrola, todos estuvieron de acuerdo.
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Forzado a pagar
El intendente Héctor Morán alegó que, si bien la costanera necesita de reparos, ya no pudo sostener el fondo de caución de la obra, teniendo en cuenta que ya en setiembre del 2021 fue recepcionada de forma definitiva por el entonces intendente interino Wilson Báez (PLRA). Antes de eso, en diciembre del 2020, el entonces intendente Carlos Cesar Haitter (ex PDP) había firmado la recepción provisoria.
“Nosotros queríamos retener el pago, pero ya fuimos advertidos por Contrataciones Públicas y estábamos en puertas de una demanda judicial. Los reclamos deberían ser hechos antes de que se firmaran la recepción definitiva, pero los intendentes anteriores no lo hicieron”, argumentó. Morán.
Aseguró, sin embargo, que el finiquito del pago no extingue la responsabilidad de la empresa constructora sobre la obra, pero cualquier reclamo se debe hacer en base a un peritaje y en el ámbito judicial, dentro de los 10 años.