Cargando...
El 28 de junio pasado, la jueza Ocampos se inhibió de la causa Ycuá Bolaños, donde preside el Tribunal de Sentencia. La magistrada alegó el artículo 50, inciso 13, del Código Procesal Civil, que refiere “motivos graves que afecten su imparcialidad e independencia”.
Ocampos señaló en su escrito que intimó a Gallardo a levantar los embargos para que un grupo de víctimas pueda cobrar G. 330 millones cada uno, de los más de G. 8.000 millones que quedan aún del total que depositó el seguro.
Lejos de acatar la disposición de la magistrada, por Nota Nº 65 del 18 de abril pasado, Gallardo informó de la intimación al ministro Jiménez Rolón y pidió incluso que se disponga una auditoría a la gestión de la magistrada.
La situación que se presenta es muy grave, considerando que este “atentado” contra la independencia de la jueza, Ocampos la dejó asentado en su escrito de inhibición de la causa.
Las víctimas que están pendientes del cobro fortalecieron lo señalado por la jueza e indicaron que hay una grosera injerencia del ministro Jiménez en el caso.
Los beneficiados con la resolución judicial de pago no descartaron presentar una denuncia contra el referido ministro ante el Congreso e impulsar su juicio político.
“Es grave que un ministro atente contra la independencia de un magistrado y que además avale el incumplimiento de una orden judicial”, señalaron.
Jiménez es el ministro encargado de la Contaduría de los Tribunales, por lo que la directora de la dependencia le responde directamente.
Procesamiento
Ante el evidente desacato a la orden judicial, el abogado Carlos Monges López pidió al Tribunal de Sentencia que remita los antecedentes del caso al Ministerio Público, para que Gallardo sea imputada.
El pedido del letrado deberá ser resuelto por la magistrada María Fernanda García de Zúñiga, quien preside el Tribunal de Sentencia tras la inhibición de Ocampos.
Las víctimas del Ycuá, sin embargo, creen que será difícil que los jueces se animen a pedir el procesamiento de la directora de Contaduría, teniendo en cuenta que tiene la protección del ministro Jiménez Rolón.
El alto magistrado, en plenaria de la Corte, informó que conversó con las víctimas y que lo que se plantea es que se haga un prorrateo de los más de G. 8.000 millones que quedan del dinero depositado por el seguro.
En el fueron penal son 21 víctimas las que tienen que percibir G. 330 millones cada una por orden judicial. Un grupo de 21 ya cobró.
Al mismo tiempo, las víctimas que promovieron demandas civiles también exigen el cobro. Los jueces de este fuero solicitaron a sus colegas del fuero penal que liberen la plata, pero este pedido fue denegado.
La Cámara de Apelaciones de Paraguarí incluso emplazó a la jueza ahora inhibida, Laura Ocampos, para que haga cumplir la decisión judicial de la parte penal. Ante esto, la magistrada intimó a Gallardo, que a su vez recurrió al ministro.
Grave
El abogado José Lima Torres, víctima del incendio del supermercado Ycuá Bolaños, ocurrido el 1 de agosto de 2004, calificó de grave la injerencia de Jiménez Rolón, quien incluso convocó a las magistradas que integran el Tribunal de Sentencia.
“La jueza Ocampos, en su escrito de inhibición claramente dice que se aparta de la causa por “motivos que afectan su imparcialidad y su independencia” y “eso me parece muy grave”, añadió el abogado que acotó que hace años que las víctimas esperan recibir su dinero. “Eso se fijó en la causa penal. Hay una orden que se tiene que cumplir y no la puede desacatar, ni la directora, ni el ministro”, manifestó.