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Según la conclusión del informe pericial elaborado por tres peritos contables propuestos por la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Escribanos del Paraguay y un tercero imparcial nombrado por el Juzgado Civil han determinado de forma unánime, que el gremio vendió materiales de uso notarial por valor de G. 56.016.145.932, desde mayo de 1999 hasta febrero de 2021. De este monto se tienen que deducir los costos de impresión, quedando un remanente que debió distribuirse entre ambas partes -Colegio de Escribanos del Paraguay y Corte Suprema de Justicia-, en una proporción de 30/70 por ciento, respectivamente.
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Es así que se deduce que la suma adeudada por el Colegio de Escribanos a la Corte Suprema es de unos G. 39.211.302.153, suma que al cambio actual representa unos US$ 5.715.933.
Los tres peritos contables que tomaron intervención en el juicio de rendición de cuentas son el Lic. Librado Sánchez (propuesto por el Colegio de Escribanos), Lic. Luis Miguel Gamarra Ocampos (propuesto por la Corte Suprema) y el Lic. Walter Saldívar (designado por el Juzgado).
Desde el inicio de la demanda de rendición de cuentas que promovió la Corte Suprema contra el Colegio de Escribanos, este gremio desde un principio se allanó a la deuda que mantiene con la máxima instancia judicial por la venta de materiales de uso notarial.
Tanto la auditoría externa que encomendó el Colegio de Escribanos como la auditoría que llevó adelante la Contraloría General de la República, determinaron que no se ha transferido suma alguna por la venta de los mencionados materiales de uso notarial.
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En la demanda de rendición de cuentas, el Colegio de Escribanos lo que pretende es que se determine el monto exacto que este gremio le adeuda a la Corte.
Delegó venta de materiales
La Corte Suprema a través de varias acordadas que emitió entre los años 1999 al 2021, había delegado la venta de materiales de uso notarial a favor del Colegio de Escribanos entre los que se encuentran hojas de protocolo, hojas de actuación notarial sin rayas, hojas de seguridad, hojas de certificación de firmas y de legalización, libro de registro de firmas y libro de índice anual.
Las mencionadas acordadas disponían que el 70% de lo percibido debía remitirse a la Corte Suprema y el restante 30% quedada para el Colegio de Escribanos del Paraguay, previa deducción de los costos de impresión.
Sin embargo, el Colegio de Escribanos nunca remitió lo percibido a la Corte Suprema, lo que dio origen a la demanda de rendición de cuentas por parte de la máxima instancia judicial. Este juicio es el que actualmente se está sustanciando en el juzgado Civil y Comercial de 1° Instancia del 25° turno, secretaría 49, de la Capital, a cargo de la jueza Liz Carolina Caballero de Sandoval.
La Corte demandó en el juicio civil de rendición de cuentas por G. 49.000 millones, a los que deben sumarse el 10% por los gastos de justicia, con lo que rondarían los US$ 8 millones, pero ahora la pericia contable indica que no se transfirió a la Corte casi US$ 6 millones.
Exdirectivos del gremio investigados por apropiación
Tras la demanda civil de rendición de cuentas instaurada por la Corte Suprema, la actual comisión directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay que preside Jorge Miller Donna, bajo patrocinio del abogado Juan Claudio Gaona, formuló denuncia el 10 de enero de 2022 ante el Ministerio Público por los delitos de lesión de confianza y apropiación en la que son investigados los exdirectivos del gremio. Ya fueron llamados a audiencia indagatoria los anteriores directivos de este gremio por no haber transferido a la Corte suma alguna, ni previsionado para el pago de lo percibido por la venta de materiales de uso notarial.
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El fiscal Néstor Coronel investiga a los extitulares del Colegio de Escribanos Gladys Delia Lichi Battilana (periodo 2009/2010), quien no habría transferido a la Corte de lo percibido por la venta de materiales de uso notarial G. 2.507.463.891, según auditorías externas que deben ser corroboradas.
En el caso de la presidencia del escribano Roberto Escobar (2011-2012), no habría transferido G. 3.146.853.987.
Otra vez la presidencia del escribano Roberto Escobar (2013-2014) no transfirió presuntamente a la Corte G. 4.308.646.732.
La escribana Ana Manuela González Ramos (2015-2016) no habría transferido a la Corte G. 4.110.663.502 y en el periodo 2017-2018 otros G. 3.857.089.167. Nuevamente Roberto Escobar (2019-2020) no habría remitido a la Corte unos G. 3.991.500.757.