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Una nueva denuncia presentada por los diputados argentinos Gerardo Milman y Cristian Ritondo levanta más sospechas sobre el avión de la empresa venezolana Emtrasur. La aeronave estuvo en nuestro país entre el 13 y el 16 de mayo pasado para llevar casi 80 toneladas de cigarrillos de la marca Ibiza, producidos por Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes.
La tripulación de dicho avión estuvo integrada por 18 personas, once venezolanos y siete iraníes. Desde un principio, el nombre más resaltante fue del iraní Gholamreza Ghasemi porque, según los informes, incluido el del FBI, sería parte de la Fuerza Quds, ala de la Guardia Revolucionaria Islámica que se dedica a brindar soporte a organizaciones terroristas de Medio Oriente a través del tráfico de armas.
Ahora los legisladores del vecino país, a través de un pedido de informe remitido a las autoridades argentinas sobre la llegada del mismo avión y con similar tripulación en el territorio argentino, señala que objetivo del viaje de Emtrasur habría sido suministrar equipamiento tecnológico a una “base de operaciones de ciberinteligencia” en Argentina con agentes venezolanos, según publica el diario La Nación de ese país.
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El reporte periodístico menciona que los diputados aportan datos sobre sus sospechas y relativizaron las explicaciones que hasta ahora dio el Gobierno argentino sobre el caso.
Además, preguntan a las autoridades que si a principios de este año Cristina Kirchner, por medio del senador Óscar Parrilli (exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia) le habría solicitado al gobierno de Venezuela la instalación en Argentina de una base no oficial para realizar tareas de ciberinteligencia, “con el fin de recopilar, procesar y organizar información política local e internacional”.
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“Ya no se trata de una escuela de vuelo con instructores iraníes, como tampoco de un fletero internacional de cigarrillos y autopartes. Se trata de, en apariencia, una acción de alimentar equipamiento tecnológico a una base de operaciones de ciberinteligencia con agentes venezolanos, para operar en el Cono Sur con apoyo e interés de sectores del propio gobierno argentino”, según publica La Nación basado en la denuncia de los legisladores.
Supuestos especialistas en ciberinteligencia
En el informe presentado por los legisladores se mencionan tres nombres de pila y números de pasaporte de los supuestos especialistas en ciberinteligencia. Se trata de Victoria Vanessa, José Miguel y Jorge Gabriel, todos de nacionalidad venezolana.
En el vecino país coinciden dos nombres y datos de pasaporte con dos miembros de la tripulación que arribó a Ezeiza el 6 de junio pasado con autopartes, de acuerdo al reporte.
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En nuestro país, sin embargo, los tres nombres y números de pasaportes mencionados por los legisladores argentinos coinciden con tres de los tripulantes que vinieron para llevar los cigarrillos de Tabesa, según el listado presentado ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Esta tripulación permaneció tres días en el país sin que existieran registros de sus movimientos.
Senado pide datos más específicos
El Senado aprobó el 16 de junio pasado un pedido de informe para la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) en el cual se solicita datos específicos sobre el arribo del avión de la empresa Emtrasur. Según la resolución N° 2586, los legisladores de nuestro país piden los detalles del registro de la aeronave Boeing 747-3B 3M, matrícula YV3531, entre los años 2013- 2022; copia de las autorizaciones emitidas por la autoridad aeronáutica civil en los vuelos respectivos; la operación carga y descarga, realizada por la aeronave Boeing 747-383M, con matrícula W3531, Hex Code 0D845C, entre el 13 y el 16 de mayo de 2022, informando la aerolínea operadora, plan de vuelo, fecha, tiempo de permanencia y estación aeroportuaria.
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Además, solicitan nombres, nacionalidades y números de pasaportes de tripulantes; si existe protocolo de verificación sobre antecedentes de los tripulantes de los vuelos que ingresan a territorio nacional, y si los tripulantes del vuelo registran o registraban sanción alguna, independientemente que lo haya hecho al momento de su ingreso.
La Dinac tiene un plazo de quince días hábiles para responder a este pedido del Senado.