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El interventor designado por el Poder Ejecutivo, Pablo Adriano Vera Insaurralde, para intervenir la Gobernación del Guairá, tras denuncias de corrupción y despilfarro de los US$ 2.000.0000 de los fondos COVID-19 bajo la administración del hoy apartado gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR, cartista), tiene una sanción vigente de prohibición de operar con bancos por haber emitido cheques sin fondos; por ende, no puede firmar, es decir, no puede disponer de los recursos de la Gobernación.
La sanción fue impuesta en el 2014 por tres años, hasta el 2017, por el Banco Central del Paraguay (BCP); sin embargo, pese a que ya concluyó, no se realizaron los trámites para levantar la medida.
Al respecto, Vera Insaurralde argumentó que se trata de una sanción impuesta por el BCP por unos cheques que no pudo cubrir en su totalidad en el 2014 correspondientes a la compraventa de vehículos cuando ya no formaba parte de la función pública.
“Esa sanción ya tuvo su tiempo, fueron tres años de inhabilitación para operar con cuentas corrientes, tenía que haber sido levantada ya en el año 2017. Con respecto a esos cheques, era algo personal, yo dejé de ser funcionario público en el año 2010, durante ese tiempo yo me dediqué a la profesión y cosas particulares y en ese ínterin fue la sanción por no poder cubrir 10 cheques de G. 5 millones. Me dedicaba a la compraventa de vehículos y comercios varios, tenía mi local de vehículos sobre Mcal. López, me llegó la crisis y no pude aguantar”, alegó Vera.
Asimismo, indicó que la medida ya concluyó en el 2017. “Ya solicité el levantamiento de la sanción, con esta intervención me saltó nuevamente a pedido del banco informes de mi persona y el BCP informó que tengo prohibición de operar con cuentas corrientes. Ahora estoy haciendo los trámites para el levantamiento. No obstante, los trámites de la gobernación siguen normalmente con dos personas asignadas que forman parte del equipo interventor”, explicó.
No puede firmar
El interventor Pablo Vera, por la sanción vigente de prohibición de operar con cuentas corrientes, no puede disponer de la lapicera de la Gobernación del Guairá para disponer de los recursos de la institución; sin embargo, designó a dos personas parte del equipo interventor para que sean las firmantes.
“Los firmantes son la licenciada Sonia Denis y el secretario general interino de la intervención, Diego Sánchez. Es una potestad que tengo y al respecto ya se cumplió con el pago de salario de los funcionarios sin ningún problema, los trámites administrativos no pararon”, expresó el interventor.
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Producción de documentos no auténticos
En el 2013, el ahora interventor Pablo Vera Insaurralde fue denunciado por supuesta producción de documentos no auténticos con relación a la compraventa de un inmueble por valor de G. 20 millones ubicado en el distrito de San Lorenzo. Después de varias diligencias y acciones legales, la causa fue a parar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se expidió, y volvió al Juzgado Penal de Garantías de origen, a cargo de Francisco Recalde.
“Tuve tres pedidos de sobreseimiento: primero el provisional se remitió a la Fiscalía adjunta y la fiscal solicitó el sobreseimiento definitivo y la extinción de la acción penal; nuevamente el juzgado de garantías le dio trámite de oposición y volvió nuevamente a la fiscalía adjunta; después de eso me volvieron a solicitar el sobreseimiento provisional, apelé eso y fue a la Corte, se expidió volviendo nuevamente al juzgado de origen en San Lorenzo. Eso fue también de épocas en las que me dedicaba a la profesión y estaba fuera del ámbito de la administración pública; ahora estoy con sobreseimiento provisional”, explicó el interventor.
“Quieren enturbiar la intervención”
El interventor Vera Insaurralde acusó que el objetivo principal de sacar a luz algunos procesos que tuvo años anteriores fuera de la administración pública es “enturbiar la intervención”.
“Quieren enturbiar este procedimiento a sabiendas de que existen muchísimas irregularidades en esta administración, vamos a tener una reunión con la gente de la Junta Departamental y vamos a dar algunos detalles ya de eso. Estos procesos que mencionan no afectan absolutamente nada en la intervención, hoy por hoy no pesa sobre mí ninguna medida restrictiva, absolutamente nada, o de lo contrario no podría tener mi antecedente penal, judicial ni sacar ningún tipo de documento que me habilite, ni siquiera vida y residencia”, indicó Vera.
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Funcionarios cobraban salarios a través de comisiones
Las primeras irregularidades que el proceso de intervención detectó dentro de la cuestionada y denunciada administración del gobernador apartado, Juan Carlos Vera Báez (ANR, cartista), fueron el pago de salarios que se hacían a través de comisiones, sin siquiera tener un vínculo de trabajo con la institución.
“La gobernación tiene unos 300 funcionarios, de los cuales solo 80 son nombrados, el resto cobraba a través de comisiones, sin contrato, es un todos contra todos más o menos. A fin de no crear un problema social y no teniendo a la vista una discriminación de las personas que tienen o no tienen contrato, estos informes nos proveyeron el día de ayer y procedimos al pago según esa planilla que nos proveyeron de administración”, explicó el interventor.
Asimismo, indicó que “hicimos ese trabajo y creo que por ello trataron de enturbiar las cosas y mezclarlas, porque no tiene nada que ver el trabajo que hacemos aquí con el tema de la inhabilitación de operar con cuentas bancarias, hay una mala información por parte de algunos periodistas”, sentenció.
