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Según el presidente del Sinadi, Miguel Marecos, entre 2021 y 2022, alegando la pandemia por covid-19, el Ministerio de Hacienda recortó en el presupuesto del MEC un total de G. 105.000 millones que debían ser para infraestructura escolar.
También se recortaron G. 75.000 millones que el MEC tenía que entregar a unas 9.000 instituciones educativas en concepto de gratuidad de la educación, dinero que los directores emplean en los gastos que se requieren para mantener las escuelas y colegios, o sea, cambiar fluorescentes, comprar tizas o pinceles, comprar artículos de limpieza, etcétera.
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“Consideramos que hoy día el 100% de las instituciones educativas desarrollan clases presenciales y miles de ellas se encuentran en pésimas condiciones, con una urgente necesidad de intervención (sanitarios, aulas, techos y otros), como así mismo la compra de insumos, pago a limpiadores, arreglo de computadoras, compra de papel, tinta, entre otros”, indica la nota presentara, que pide la reposición de los fondos para el 2023.
“Si no hubiese sido por los padres, nosotros no hubiéramos podido empezar este año; gracias a padres, las cooperadoras escolares y los docentes que aportaron, seguimos así. Hay todavía 400 baños letrina; es muy poco lo que se hizo en esta pandemia. Necesitamos recuperar esa plata”, indicó Marecos.
Alumnos pasaron de colegios públicos a escuelas privadas
“Queremos que se reponga en 2023 ese fondo también porque hay una cantidad importante de 20.000 estudiantes que según el MEC se fueron de colegios privados a escuelas y colegios del sector público durante la pandemia. Eso hace que también nosotros tengamos una recarga. Más que justificado está recuperar eso”, añadió el presidente de Sinadi.
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Además de la recuperación de estos fondos, gremios docentes ya iniciaron su campaña ante el MEC y el Ministerio de Hacienda por garantizar que en el presupuesto general de la Nación para el 2023, se incluya el 16% de reajuste salarial con el cual los maestros pasarán a ganar el salario básico profesional establecido en la Ley 1725 y prometido por el Gobierno en el acuerdo firmado con las organizaciones en 2016.