Interventor designado en Gobernación de Guairá ya inició corte administrativo

El interventor designado para la Gobernación del departamento de Guairá, Pablo Vera Insaurralde, ya realizó su primera visita a la sede gubernativa para iniciar el primer corte administrativo. A partir de esta recolección de documentos, se determinarán las irregularidades existentes, conforme a la denuncia hecha por los concejales departamentales. Se cree que hubo malversación de fondos destinados a covid-19.

Concejales finamente lograron que se constituya la comisión para intervención en Guairá.
Concejales finamente lograron que se constituya la comisión para intervención en Guairá.Carlos Ávalos

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A primera hora de este viernes 24 de junio, el interventor de la Gobernación del Guairá designado por el Ministerio del Interior, Pablo Vera Insaurralde, realizó su primera visita a la sede gubernativa para dar inicio a un corte administrativo, que detectaría las irregularidades denunciadas por los concejales departamentales.

Estas tienen que ver con la presunta malversación de fondos destinados a la emergencia por covid-19, consistentes en US$ 2 millones.

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Funcionario con experiencia

El interventor, quien es un funcionario con 27 años de antigüedad en el Ministerio del Interior, con recorrido por el Viceministerio de Asuntos Políticos y por Asesoría Jurídica de esta cartera, mencionó que ha encontrado “muy buena predisposición” de parte del gobernador denunciado Juan Carlos Vera, así como de la gente que este designó para acompañar el proceso.

De esta manera, el decreto de intervención se hizo efectivo en la mañana de este viernes y a partir del corte, dijo Pablo Vera se irá viendo hacer “lo que corresponde conforme a la denuncia realizada por los miembros de la Junta Departamental”.

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Concejales acompañaron primer día

En el primer día de intervención, Pablo Vera fue acompañado por los concejales denunciantes.

A prima facie solamente se investigará la denuncia, no obstante si observando los documentos se encuentran con otras irregularidades, las tendrán que agregar a la presentación del informe.

El proceso de intervención tiene un primer plazo de 60 días, pero se pueden prorrogar 30 días más en caso de que el interventor lo considere.

Si encuentran algún hecho llamativo, incluso pueden ir atrás en el tiempo y detectar hechos de corrupción anteriores, pues deben ser plasmados en el informe.

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