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El juez penal de garantías Yoan Paul López en la audiencia preliminar tramitada ante su juzgado, resolvió que los exdirectivos de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera enfrenten juicio oral y público por los hechos punibles de apropiación y lesión de confianza, a quienes el Ministerio Público, representado por la fiscala Stella Mary Cano, y la querella adhesiva, ejercida por el Abog. Rodrigo Yódice, responsabilizan del desfalco de G. 1.200 millones.
Previamente a la decisión del juez López de elevar la causa a juicio oral y público, rechazó los recursos propuestos por la acusada Nélida Huespe de Peralta como el incidente de prescripción de la acción, incidente de extinción de la acción por el transcurso del plazo previsto en la ley para un proceso y el incidente de prejudicialidad. En cambio, el juzgado admitió la realización de una auditoría forense contable, pero excluyó las copias simples de los documentos que pretendía ser peritados y solo los documentos originales serán objeto de este análisis contable.
En el caso de la defensa de la acusada Celina Villalba de Lovera, el juzgado rechazó el incidente para excluir la pericia contable, pero en cambio admitió las pruebas testimoniales propuestas por esta defensa. De igual manera, se hizo lugar el pedido para que se traiga a la vista un expediente de supuesto desacato de orden judicial que involucraba a la señora Rosa Bella Cáceres, actual presidenta de la Asociación de Funcionarios, en la cual fue sobreseída definitivamente.
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Beneficiado con procedimiento abreviado
Con relación al tercer acusado, Esteban Ferreira, en la audiencia preliminar el juez Yoan Paul López finalmente hizo lugar al pedido realizado por la defensa y se le concedió el procedimiento abreviado y fue sentenciado a la pena privativa de libertad de 6 meses, bajo el instituto jurídico de la suspensión condicional a prueba de la ejecución de la condena, sujeto a reglas de conducta tales como comparecencia trimestral al juzgado de Ejecución de Paraguarí, prohibición de salir del país, prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial y la prohibición absoluta de ocupar cargos en la Asociación de Funcionarios.
Ferreira fue condenado en condición de coautor de los hechos punibles de apropiación y lesión de confianza. El juez calificó su conducta en lo que prescribe el artículo 160 del Código Penal, inciso 1° y el artículo 192, inciso 1° y 3°, en condición de autor de los mencionados delitos. Ferreira para ser beneficiado con el procedimiento abreviado, previamente tuvo que admitir la responsabilidad de los delitos que le atribuyeron el Ministerio Público y la querella adhesiva, así como todas las pruebas que fueron ofrecidas.
Antecedentes
El proceso penal se inició en el año 2018, cuando el fiscal Alcides Corvalán imputó por apropiación a quienes se hicieron pasar por directivos de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados para supuestamente extraer de forma irregular G. 1.200 millones.
Los imputados fueron los exdirectivos de esta asociación Nélida Huespe de Peralta, Celina Villalba de Lovera y Esteban Ferreira, sobre quienes la Fiscalía aseguró que había suficientes indicios de la perpetración de la apropiación.
Posteriormente, la fiscala Stella Mary Cano presentó acusación y reveló que el retiro de fondos de la asociación se registró entre el 17 de diciembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015, cuando los procesados ya no eran directivos.