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Los tres acusados por apropiación por el Ministerio Público enfrentan desde este miércoles el inicio de la audiencia preliminar en la que se resolverá si los procesados enfrentan o no juicio oral y público, se inició este miércoles 22 de junio, expusieron los incidentes y excepción ante el juez penal de garantías N° 11 Yoan Paul López. La causa por supuesta corrupción es por el desfalco de unos G. 1.200 millones atribuidos a los exdirectivos de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados.
Uno de los procesados por el hecho punible de apropiación, Esteban Ferreira, a cambio de reconocer los hechos que le responsabiliza el Ministerio Público, solicitó por medio de su abogado la posibilidad de ser beneficiado con el juicio abreviado y para ello propuso una condena de 6 meses de prisión y que se le impongan las reglas de conducta que el juzgado considere necesario.
Con relación al planteamiento de Ferreira, la fiscala Stella Mary Cano en la audiencia preliminar no se negó a esta posibilidad de salida procesal, pero solicitó al juzgado que el acusado sea sentenciado a 2 años de prisión con el beneficio de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, además de la imposición de las reglas de conducta que debe cumplir el procesado.
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Por su parte, en la audiencia preliminar la defensa de la acusada Nélida Huespe planteó la excepción de falta de acción, incidente de prescripción, excepción de la extinción penal por el transcurso del tiempo, exclusión probatoria del dictamen pericial contable del Ministerio Público y ofreció pruebas.
Con relación a la acusada Celina Villalba de Lovera, su defensa técnica planteó incidente de prejudicialidad, exclusión del dictamen pericial contable del Ministerio Público y un incidente de la extinción de la acción.
La agente fiscal Stella Mary Cano, respecto a los dos últimos acusados y los incidentes y excepciones que plantearon, solicitó en la audiencia preliminar que el juez López los rechace en su totalidad.
Por parte del representante legal de la querella adhesiva, Abog. Rodrigo Yódice, esta mañana contestará los incidentes y las excepciones promovidos por las defensas técnicas.
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Antecedentes del caso
En el 2018, el fiscal Alcides Corvalán imputó por apropiación a quienes se hicieron pasar por directivos de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados, para supuestamente extraer de forma irregular G. 1.200 millones. Los imputados fueron Nélida Huespe de Peralta, Celina Villalba de Lovera y Esteban Ferreira, sobre quienes la Fiscalía aseguró que había suficientes indicios de la perpetración de la apropiación al realizar la operación ilegal.
Posteriormente, la fiscala Stella Mary Cano presentó acusación por apropiación y reveló que el retiro de fondos de la Asociación de Funcionarios se registró entre el 17 de diciembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015, cuando los procesados ya no eran directivos.