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El juicio oral que afronta el exdiputado por Patria Querida y exgerente de Créditos del Indert Carlos María Soler Cano junto al exdirector regional del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, acusados de supuesto cohecho pasivo agravado (coima) se encuentra en la última parte de la producción de pruebas ofrecidas por el fiscal Leonardi Guerrero y las defensas.
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Esta semana, la Sala Constitucional integrada por los ministros Víctor Ríos Ojeda, Antonio Fretes y César Diesel Junghanns, rechazó una excepción de inconstitucionalidad que presentaron ambas defensas y ratificó la advertencia que hizo el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Elsa García (presidenta), Yolanda Morel y Claudia Criscioni, que la conducta de Soler también podría configurarse en tráfico de influencias y la de Gómez de la Fuente en el delito de extorsión.
Sin embargo, la misma sala del máximo tribunal sigue sin resolver la acción de inconstitucionalidad que planteó la defensa de Soler Cano contra el Auto Interlocutorio N° 431 del 29 de abril de 2021, dictado por la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, que elevó a juicio oral y público la causa; y el A.I. N° 239 del 8 de junio del año pasado, mediante el cual el Tribunal de Apelación en lo Penal, 1ª Sala, de la Capital, ratificó el fallo de primera instancia.
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Mientras la máxima instancia judicial no resuelva dicha acción, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos no podrá dictar un veredicto sobre la causa. El fiscal Leonardi Guerrero indicó que espera una decisión de la Sala Constitucional ante la continuidad del juicio oral, fijada para este martes 21 de junio, a las 8:30.
Pruebas confirman presunta coima de US$ 125.000
Según la acusación del Ministerio Público, en octubre de 2019 el estanciero Albino Méndez denunció que el exdiputado Carlos María Soler le pidió una coima de US$ 25.000 para conservar dos lotes del Indert en el Chaco, y US$ 50.000 para cada uno de los títulos de ambos inmuebles. Es decir, el pedido total fue por US$ 125.000.
El fiscal Leonardi Guerrero sostiene que la hija de 18 años y el hijo de 20 años iban a ser beneficiados con los terrenos que pretendía conservar el denunciante, quien puntualizó que el proceso había quedado sin efecto porque no pagó la supuesta coima solicitada por los altos funcionarios del Indert.
Mediante la declaración de Albino Méndez en el juicio oral y la producción del cruce de llamadas entre Soler y Gómez de la Fuente, así como mensajes de texto que intercambiaron el exdiputado por Patria Querida y el denunciante, el Ministerio Público probó que por el título de cada uno de los dos inmuebles los acusados pidieron la suma de 50.000 dólares y por dejar sin efecto la anulación de la adjudicación de los inmuebles, otros 25.000 de la moneda americana.
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El estanciero Albino Méndez afirmó que llegó a entregarle a Soler dos cheques, uno por G. 100 millones y otro por G. 60 millones, que a su vez el entonces director de Créditos del Indert le entregó a Gómez de la Fuente para efectivizar.