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El informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el contrato de la firma Omni SA (Jorge Alfonso Ramírez) con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), para la provisión e instalación de radares (primario y secundario) en el aeropuerto de Concepción, reveló que la señal de los equipos proveídos se recibían con intermitencia en el Centro Integrado de Vigilancia Aérea (CIVA) de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) y que desde el año pasado, los datos ya no se recepcionan.
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Así confirmó el propio comandante de la FAP al ente contralor, quien alegó que esto ocurre desde el 2019, cuando finalizó la instalación y puesta en funcionamiento, y que incluso, desde noviembre del 2021, se dejaron de recibir las señales de los radares, pese a que para ello se instalaron los equipos informáticos en el centro de Comando de Control (C2).
Pero en la nota que remitió el titular de la Dinac, Félix Kanazawa, al contralor Camilo Benítez, con fecha del martes último, señaló que estas interferencias ocurren por culpa de la empresa estatal Copaco, que provee las redes para suministrar los datos al CIVA. Además insistió que no recibió ningún reclamo de la FAP sobre la recepción de las señales.
“En cuanto a la intermitencia mencionada en el informe de la Fuerza Aérea, cabe aclarar que los datos son proveídos por medio de una Red Virtual Privada (VPN) desde el Aeropuerto de Concepción al Centro de Control Unificado proveídas por la compañía Copaco”, expresa el escrito de Kanazawa.
Además, resalta que “dicho medio de transmisión presenta constantes intermitencias por cortes o de fluctuaciones del servicio, produciendo pérdida de datos que ocasionan la degradación del servicio” y que “este servicio de conexión no es administrado por la Dinac por lo que se realiza los reclamos correspondientes a Copaco cuando ocurren estas incidencias, generando tickets de reclamo”.
La nota de Kanazawa también resalta que durante el trascurso de este tiempo la Dinac no fue informada sobre ninguna irregularidad por parte de la FAP, afectado al uso de los radares, atendiendo a que existe una “Carta de Acuerdo Operacional entre la Dinac y la misma, por el cual se establece normas de conducta a seguir”, lo que tampoco consideró la CGR.
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Cuestiona medición de la FAP
Sobre los cuestionamientos de la Contraloría, respecto a que los radares proveídos son de menor alcance o inferior a lo pactado en el contrato con Omni SA, Kanazawa señaló en la nota remitida a la CGR que la Dinac desconoce la metodología de medición, homologación, instrumentación y especialistas habilitados, en virtud del cual la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) realizó las pruebas para avalar su informe sobre el alcance del radar primario y secundario, que “constituye un requisito fundamental para respaldar con certeza el alcance”. Lamentó que la CGR “tome como ciertas” las afirmaciones de la FAP.
Omni SA afirma que cumplió las exigencias
La empresa Omni SA, representado por Jorge Alfonso Ramírez, publicó ayer un comunicado en la que señaló que los radares que proveyó para el aeropuerto de Concepción cumplen las exigencias del pliego de la licitación de la Dinac y también hizo referencia a la nota remitida por el titular de dicha institución, Félix Kanazawa, a la Contraloría General de la República (CGR).
La firma señaló que está a disposición de todas las autoridades del país para demostrar, documentalmente, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la cuestionada licitación de la Dinac. “El contrato se cumplió, en tiempo y forma, conforme a todas las especificaciones técnicas requeridas y de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), tal como lo ha manifestado la Dinac en su pormenorizada y detallada respuesta a la CGR en fecha 13 de junio de 2022. Nuestra empresa cuenta con todas y cada una de las documentaciones y antecedentes que respaldan el proceso, así como el informe de certificación del avión laboratorio”, resaltó.
El contratista de Dinac señaló que los incumplimientos que señala la CGR “surgen de unas afirmaciones de la Fuerza Aérea, que no fue la entidad convocante” y “añadió que para sustentar cualquier afirmación relacionada a aspectos técnicos, se requiere de complejos sistemas de medición instrumental, así como de profesionales cualificados, con los que no se cuenta en el país”.
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Asimismo, la empresa insistió en que los radares primario y secundario fueron debidamente homologados y calibrados como constan en los certificados del avión laboratorio para su puesta en servicio y que por ende, “todos y cada uno de los equipos, mientras estuvo vigente nuestro contrato, estuvieron funcionando en perfectas condiciones y conforme a las exigencias técnicas”, posterior al periodo de garantía que expiró a inicios del 2021. “Nuestra empresa no ha recibido ningún tipo de reclamo ni registra pendientes al respecto”, expresó. Pero en ningún momento se refirió en el comunicado sobre los cuestionamientos de la Contraloría en cuanto a si los equipos adquiridos son o no de menor alcance o inferior a lo pactado en el contrato.
Omni SA también resaltó que es “completamente falso” que haya omitido requisito de capacitación, tal como señaló la Contraloría. “Todos los cursos, tanto teóricos como prácticos, para los controladores de tránsito aéreo y técnicos de mantenimiento fueron impartidos en tiempo y forma, tal como consta en la nota de conformidad recibida de la Dinac en fecha 11 de febrero de 2019″, expresa.
La Dinac desembolsó G. 50.822 millones a la empresa Omni SA, incluso mucho más que el monto adjudicado en diciembre de 2017, que era por valor de G. 49.997 millones, según la CGR. Según la firma todos y cada uno de pagos efectuados responden única y exclusivamente a “claras cláusulas” contractuales previstas. Respecto a la prórroga otorgada a la empresa para completar las exigencias del contrato, Omni señala que esto se debió “única y exclusivamente a que el sitio, donde finalmente se determinó que sería el punto de instalación, no contaba con parte de la infraestructura de obras civiles necesaria en las instalaciones de la base aérea”.