Los ministros César Diesel Junghanns, Alberto Martínez Simón y Víctor Ríos, integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolvieron por unanimidad declarar inadmisible la excepción de inconstitucionalidad que planteó el abogado Juan Francisco Villalba, en representación del exrector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Enrique Peralta, por improcedente.

Con este fallo de la máxima instancia judicial el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Javier Sapena (presidente), Leticia Fracchi y Ana Silveira, tiene luz verde para dictar su fallo en el juicio oral y público que afrontan el exrector de la UNA, acusado de lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer hecho punible, y la exdirectora de Talento Humano del Rectorado de la UNA, María del Carmen Martínez, acusada por presunto cobro indebido de honorarios, estafa y apropiación.

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El proceso judicial que se inició el pasado 19 de abril se lleva a cabo en el Tribunal de Sentencia 4 de Central, en la ciudad de Fernando de la Mora, y actualmente está en etapa de producción de pruebas. El Ministerio Público está representado por el fiscal Luis Said, de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción.

Imputación fiscal y la protesta estudiantil #UNANoTecalles

Según la investigación, Peralta percibía rubros por G. 74 millones y armó todo un esquema para nombrar a mansalva a sus parientes y allegados como “docentes universitarios” y pervirtió el sistema de designaciones.

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Además, el entonces rector dictó la criticada resolución que equiparó la docencia con cargos administrativos, y mutiló los perfiles requeridos para ocupar dichos puestos, ya que un alumno podía ser catedrático superior.

Todo esto lo realizó solo en seis meses como rector y ocasionó a la institución un perjuicio de G. 1.225 millones. Esta situación desencadenó en el levantamiento estudiantil UNANotecalles.

En septiembre de 2015, tras la serie de protestas por los hechos de corrupción en la UNA, la Fiscalía imputó a Froilán Peralta y a unos 40 funcionarios por usurpar cargos docentes. En septiembre de 2016 los entonces fiscales Martín Cabrera y Josefina Aghemo acusaron al exrector por lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer hecho punible.

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Por su parte “la comepapeles” fue acusada porque habría ingresado en horas de la noche al local del Rectorado de la institución universitaria para apoderarse de numerosas documentaciones sobre el caso que era investigado.