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A través del decreto N° 7203, el Poder Ejecutivo objetó totalmente el proyecto de ley N° 6924 que modifica la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2022, que guarda relación con transferencias de créditos de las gobernaciones a entidades sin fines de lucro.
Conforme señala la normativa, los proyectistas pretendían levantar la restricción establecida en el artículo 280 que “prohíbe la programación de Créditos presupuestarios en objeto de gasto 521, de “Construcciones de obras de uso público” al objeto de gastos 874 “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones privadas sin fines de lucro y 874 “Aportes a Entidades Educativas sin fines de lucro”.
Esta atribución de los gobernadores fue recortada en el presupuesto de este año a consecuencia del festín con fondos covid-19 que realizaron presuntamente varias administraciones departamentales, como es el caso del exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, HC) y el gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR, HC), cuya administración piden sea intervenida.
Reprogramación por más de 10 millones de dólares
La reprogramación aprobada alcanza G. 75.496.756.817, unos US$ 10.847.235 aproximadamente, que pretendían ser entregados en pleno año de elecciones internas, las cuales se desarrollarán el 18 de diciembre próximo.
Ante las sospechas de malos manejos administrativo de las gobernaciones, este dinero había sido reasignado al rubro 521, para ser destinado directamente a inversión de capital en instituciones educativas del país a través del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Para “dificultar” el despilfarro, el Congreso había fijado un máximo de cuarenta salarios mínimos (G. 87.713.560) como desembolso, ya que alegaban que las gobernaciones colaboraban para el mantenimiento de comisiones vecinales o juntas de saneamiento.
No obstante, había instituciones educativas que se manifestaron por la restitución de estos rubros, ya que hay varias que dependían de ese dinero para cubrir el rubro de ciertos docentes y solventar otros gastos.
“Celosos de modificaciones a las reglas presupuestarias”
Al respecto, César Trapani, asesor jurídico de la Presidencia, explicó que la modificación buscaba autorizar transferencias de crédito del objeto de gastos de obras de las gobernaciones a entidades sin fines lucro, con cierto tope y ciertos parámetros.
“La objeción fue a esa alteración, de cambiar la prohibición por autorizar la transferencia de un canal a otro”, expresó. De esta forma, la prohibición se mantendrá si el Congreso acepta el veto.
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Según explicó, el argumento del Poder Ejecutivo para el veto tiene que ver con la idea de que las reglas presupuestarias, en materia del gasto público, que están contenidas en el PGN, tengan estabilidad y previsibilidad.
“Esto no quiere decir que desconocemos que estas reglas pueden ser modificadas. Sin embargo, el principio del que se parte es que, en general debemos ser muy celosos de modificaciones a las reglas en materia de gasto público a mitad de carrera”, acotó.
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No tiene que ver con denuncias en las gobernaciones
Consultado sobre si este veto tiene que ver con las recientes denuncias sobre malversaciones e irregularidades en la administración de las gobernaciones, específicamente de Guairá y Central, Trapani indicó que esta objeción no fue analizada considerando situaciones particulares, ni por establecer mayor escrutinio ante estos casos.
Señaló que el rechazo a la modificación fue exclusivamente técnica. “El razonamiento tuvo que ver con darle previsibilidad a las herramientas con las que planificamos la labor de la administración pública”, aseveró.
El artículo 280 del PGN 2022 reza: “Prohíbase la programación de Créditos Presupuestarios en los Objetos del Gatos 842 “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro” y 874 “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin fines de Lucro”, dentro de los programas/actividades y proyectos de los Gobiernos Departamentales a través de los mecanismos de modificaciones presupuestarias en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 1535/1999 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO”.
Con el veto de la Presidencia de la República, el documento volverá al Congreso para su consideración. La modificación tuvo origen en Cámara de Senadores.
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