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Basa su afirmación en el argumento de que con una subestación de 100 MW, equivalente a la mitad de Central Acaray, es decir el consumo de una ciudad de 50.000 habitantes, no se compromete demanda eléctrica interna futura. “La minería con contrato de suministro entre tres y siete años, dependiendo del tamaño, ya recuperan la inversión y la rentabilidad esperada. Esa energía se puede destinar al consumo interno si es necesario”, aseguró.
Haciendo proyecciones, expresó que la factura anual sería de US$ 40 millones con un solo cliente y en un solo lugar. “La ANDE no gastaría un centavo en infraestructura; el contrato sería en dólares, no hay desfasaje cambiario pues es moneda de pago a Itaipú y no más problema de atraso en cobro (hoy US$ 300 millones), pues se paga mes adelantado más póliza de caución por un año de consumo”, comentó.
Asimismo, resaltó que la implantación de una criptominería es de cortísimo plazo, ya que en dos años o menos se pueden colocar los 1.000 MW de potencia que la ANDE busca ubicar en el mercado. Compara con una industria tradicional, a la que dijo que le llevaría más de tres años.
Por otra parte, mencionó que se mejora el factor de carga de ANDE. “La demanda de potencia (el consumo) de una granja mineradora de criptomonedas de 100 MW puede contener unas 30.000 computadoras. El manejo de esta carga puede ser totalmente flexible y así la ANDE podría conectar y desconectar de acuerdo a la curva de carga diaria y cumplir el sueño de toda empresa eléctrica: consumo constante las 24 horas del día”, especificó López.
Por otra parte, indicó que las granjas mineras pueden ser potentísimo centros de cómputos (hypersacale data centers) útiles a las universidades, la salud pública, la seguridad policial, la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, la investigación y la industria, la inteligencia artificial, robótica, big data, entre otros.