Cargando...
Se trata de Nora Raquel Solaeche Fernández, que figura como funcionaria permanente con un salario de G. 10.925.000. La misma es titular de la Secretaría de Educación y Deportes y es quien tiene a cargo la gestión para la transferencia mensual de fondos a dieciséis Centros Educativos Departamentales Municipales (Cedem) y los tres Centros Culturales que dependen de la Gobernación de Central.
Hasta hace unos meses, Solaeche Fernández era duramente criticada por los docentes, ya que la misma siempre presentaba innumerables trabas que incidían en el pago impuntual de salarios que incluso fueron abonados con hasta cuatro meses de retraso, y también en las transferencias de recursos para el sostenimiento de las instituciones educativas.
También sigue en el cargo el doctor Hugo Javier Cabrera Guerrero, representante del Consejo Regional de Salud de Central. El mismo es funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y fue comisionado a la Gobernación de Central en 2018 y percibe una remuneración por responsabilidad en el cargo de G. 2.916.000, según registro electrónico de la institución departamental.
Lea más: El millón de dólares de Central se retiró en efectivo
En 2021, Cabrera Guerrero rindió cuentas al ejecutivo con una dudosa factura de G. 593 millones emitida por un taller mecánico llamado “Grupo Metalúrgico MG” que se dedica a la fabricación y reparación de carrocerías y cisternas para camiones de gran porte. Según el doctor Hugo Javier, el Consejo Regional de Salud adquirió del lugar mobiliarios hospitalarios. Dicha versión fue refutada por los empleados del taller quienes confirmaron que la empresa no se dedica a la venta de equipos para hospitales.
La suma de dinero mencionada forma parte de la transferencia de G. 1.276 millones, del fondo de emergencia sanitaria por covid-19, caso por el que el exgobernador Hugo Javier González Alegre fue imputado por lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos, pues ese monto lo transfirió al Consejo Regional de Salud para que esta ONG brindara asistencia a los hospitales públicos de Central.
Incluso, el millonario monto fue retirado por ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF) por el tesorero del Consejo, Aníbal Andrés Delvalle Colgliolo, y, aparentemente, Hugo Cabrera habría estado en conocimiento del hecho, que viola la normativa del Presupuesto General de la Nación, según datos.
Lea más: Nuevo allanamiento a la Gobernación de Central
También, actualmente el Ministerio Público investiga la falta de rendición de cuentas (no existen facturas) por más de G. 52.000 millones transferidos por el exgobernador Hugo Javier, durante los años 2019 y 2020. En este caso, el Consejo Regional de Salud recibió gran parte del dinero y no existiría respaldo documental.
Secretario de salud será cambiado
Consultamos al actual gobernador de Central, Gustavo Machuca (ANR, velazquista), sobre la permanencia de ambos secretarios en la institución departamental y el mismo dijo que Nora Raquel Solaeche Fernández, “seguirá en el cargo de confianza, no será cambiada porque no existe denuncia en su contra”. Agregó que la misma es de su “entera confianza”.
Respecto a Hugo Cabrera, manifestó que será destituido del cargo la próxima semana “debido a varias cuestiones”. Aseguró además que aún “se debe dar muchos cambios, pero que no se puede tirar todo por la ventana a la ligera”.
“Hace cuestión de 28, 29 días que estoy en el cargo y depende de muchas informaciones de ciertos directores y voy cambiando. Voy metiendo gente que realmente son de mi entera confianza”, dijo el administrador departamental.
Indicó también que en el transcurso de esta semana tendrá el informe final del recorte administrativo y añadió que remitirá el documento a las instituciones que corresponda. En caso de existir irregularidades, prometió denunciar cada hecho de corrupción.
Imputado también seguía siendo funcionario
Hasta el 1 de junio, Luis Eduardo Allende Araújo seguía siendo jefe de Tesorería de la institución departamental. El mismo fue imputado el 1 de noviembre de 2021 por la Fiscalía de Delitos Económicos por lesión de confianza en carácter de cómplice y como coautor de asociación criminal, en la causa investigada por el Ministerio público sobre la ejecución de US$1 millón (G. 6.382 millones) del fondo covid-19, en cuya rendición de cuentas aparecieron varias facturas clonadas.
El 1 de junio, luego de innumerables chicanas planteadas por la defensa de Allende, finalmente la jueza María Elena Cañete llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas y otorgó libertad ambulatoria para el procesado pero le prohibió volver a ingresar a la Gobernación de Central. Solo por esta razón dejó de pertenecer al plantel de funcionarios.