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La fiscala de Luque Sandra Ledesma imputó a Ramón González Daher el 30 de diciembre del año pasado por supuesta denuncia falsa, tras la denuncia hecha por Salvador Dionisio Aquino, una de las víctimas de usura del exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Luego en marzo, la agente del Ministerio Público amplió la imputación por presunta extorsión en grado de tentativa, cometida aparentemente en contra de Aquino.
Respecto a la primera imputación la agente Ledesma solicitó prisión domiciliaria para el procesado y la medida cautelar le fue otorgada por la jueza de Luque Yennifer Insfrán, pero después la Cámara de Apelaciones resolvió libertad ambulatoria para González Daher.
Sin embargo, en el acta de ampliación de la imputación de marzo, el Ministerio Público señala que existen suficientes elementos para sospechar la comisión del hecho punible de extorsión en grado de tentativa y en consecuencia se solicitó al Juzgado de Garantías que ordene el arresto domiciliario del ya condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa. La fiscala Ledesma alegó en ese entonces que en esta nueva cusa existe peligro de fuga y peligro de obstrucción a la investigación.
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Desde la nueva imputación planteada, la defensa de Ramón González Daher, ejercida por el abogado Mario Elizeche Baudo, presentó innumerables recursos, incluso solicitó la nulidad absoluta de dicha imputación ampliada. La fiscala del caso además ya había solicitado al Juzgado de Garantías de Luque, integrado por la magistrada Jennifer Ynsfrán, “que aplique el poder de disciplina atendiendo la excesiva e innecesaria cantidad de incidentes planteados por la defensa”.
Desde hace casi cuatro meses, tanto la fiscala Ledesma como la jueza Insfrán fueron recusadas reiteradamente y, por tal motivo, aún no se llevó a cabo la nueva audiencia de imposición de medidas. Ramón González Daher sigue con libertad ambulatoria. Asimismo, la condena de 15 años de pena privativa de libertad por usura grave y otros delitos aún no quedó firme también debido a chicanas.
Presentaron 52 chicanas y recusaron a 44 fiscales
Los fiscales Augusto Ledesma Blasser, Sophia Galeano y Sandra Ledesma tienen a cargo la causa de la familia Sopeña que fue despojada ilegalmente de un inmueble de US$ 5 millones ubicado en Luque. Fueron imputadas seis personas, entre ellas oficiales de justicia de un Juzgado de Asunción, una funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSPE) y miembros de un estudio jurídico.
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Todos formarían parte de un esquema de asociación criminal que se dedicaría, según sospecha del Ministerio Público, a la producción de documentos auténticos de contenido falso para luego inventar juicios falsos y despojar a propietarios legítimos de sus propiedades, en su mayoría valuadas en millones de dólares.
Actualmente, la causa está paralizada desde febrero ya que cada uno de los procesados “se turna”, según la Fiscalía, para presentar innumerables chicanas. Afirman, que se presentaron 52 incidentes y recusaron a 44 fiscales del departamento Central.