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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás hizo lugar a la acusación presentada el pasado 29 de marzo por el fiscal Diego Arzamendia y ordenó la apertura de juicio oral y público de la causa que afronta el exintendente de Nueva Colombia Nelzo Ramón López Ruiz (ANR) junto al actual jefe comunal de Paraguarí Marcelo Ariel Simbrón Pinto (cartista) por los supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal, administración en provecho propio y enriquecimiento ilícito.
Los demás acusados son: María Estela Pinto Marecos, María Yudit Dávalos Ayala, Gustavo Lorenzo Ayala García, José María Ferreira González, Gustavo Adolfo Benítez Santacruz, Raúl Gamarra Rojas, Lucio Gamarra Osorio y Víctor Manuel Paniagua González.
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En la audiencia preliminar, que culminó este martes, el juez Delmás rechazó los incidentes planteados por las defensas: suspensión condicional del procedimiento, excepción de prescripción de la acción penal, nulidad de la acusación, nulidad absoluta del proceso y sobreseimiento definitivo de todos los acusados.
Supuesto desvío del Fonacide y royalties supera los G. 1.100 millones
La investigación del Ministerio Público se abrió luego de un examen especial que realizó la Contraloría General de la República sobre las obras publicas ejecutadas por la Municipalidad de Nueva Colombia (Cordillera) en los años 2013, 2014 y 2015. Se detectaron cheques emitidos en forma nominal a nombre de funcionarios del municipio, que no contaban con respaldos documentales.
En ese periodo, Simbrón y su expareja María Yudit Dávalos, quien también afrontará juicio oral en la presente causa penal, fueron proveedores de la Municipalidad de Nueva Colombia.
Además, la Contraloría informó que luego de la verificación in situ en algunas obras constató que varios rubros contractuales fueron pagados por cantidades superiores a la realmente ejecutada por la contratista hasta ese periodo, así como otros rubros que fueron pagados en su totalidad sin que las obras hayan sido realizadas tal como se estableció en los contratos.
La fiscalía resalta también que, según el informe de la Contraloría, casi en su totalidad los cheques fueron emitidos en el 2013 por entonces intendente Nelzo Ramón López y Lorenzo Cabrera, por la suma de G. 1.123.695.000, sin contar con los documentos que justifiquen el destino de este monto de dinero.
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En relación a esta porción fáctica agrega que el acusado Arnaldo Acosta, quien se desempeñaba como director de Catastro de la comuna, con su conducta de cobrar los cheques colaboró para la consecución del mencionado perjuicio patrimonial.
Otro punto que resalta la acusación fiscal es que durante los años 2014 y 2015, el entonces intendente municipal junto a Acosta y Cabrera continuaron cobrando cheques con fondos de la Municipalidad de Nueva Colombia, que debían ser destinados a actividades específicas en virtud de la ley que regula el uso de los fondos del Fonacide y royalties.