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La audiencia preliminar en el proceso conocido como caso “GPS”se realizará ante el juez penal de garantías Rolando Duarte Martínez, a las 8:00 de la mañana de este martes 7 de junio. El fiscal Juan Ramón Olmedo Centurión, de la Unidad Penal N° 3 Especializada en Delitos Informáticos, había presentado al juzgado penal Duarte Martínez su requerimiento conclusivo en el que solicita la suspensión condicional del procedimiento para la imputada Rocío Teresita Muñoz Armas (41), procesada por el hecho punible de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, según prevé el Art. 144 del Código Penal.
Por su parte, la querella adhesiva ejercida por la abogada María Gloria Bobadilla en representación de la víctima Roberto José Márquez Chiola, se allanó al pedido de suspensión condicional del procedimiento, y a cambio la imputada reconoció los hechos que le atribuyeron.
Reglas de conducta para la que instaló GPS
A cambio de que la imputada Rocío Teresita Muñoz Armas sea beneficiada con la salida procesal de la suspensión condicional del procedimiento, el Ministerio Público solicitó al juzgado la imposición de las siguientes reglas de conductas, por el plazo de 1 año: 1) Que la procesada resida en el lugar determinado y en caso de traslado comunicar las circunstancias al juzgado penal, 2) la prohibición de salir del país, 3) prestar trabajos de utilidad pública a favor de instituciones de asistencia pública, o la realización de una donación en concepto de reparación del daño y 4) comparecer mensualmente ante el juzgado penal de ejecución, donde deberá presentar una constancia del cumplimiento de las condiciones que le fueron impuestas.
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Antecedentes
Los hechos del delito de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen denunciado dan cuenta de que el 7 de marzo de 2021, Roberto José Márquez Chiola, exesposo de la imputada Rocío Teresita Muñoz Armas, denunció que se percató de que se encontraba instalado al sistema eléctrico y pegado debajo del tablero de su vehículo, un objeto de color negro y gris que se trataba de un equipo de rastreo GPS que contenía un chip de la empresa telefónica Tigo, y que asimismo estaba instalado con un micrófono, el cual se procedió a desinstalar y a guardar en un sobre y la evidencia fue entregada al Ministerio Público para su pericia.
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El equipo de GPS le posibilitó a Muñoz Armas conocer la ubicación y el diálogo que mantenía su exesposo Márquez Chiola con terceras personas, de la que sacó provecho ya que ambos mantenían una disputa judicial.