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La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, repartición dependiente del Ministerio de Salud Pública, dio a conocer una alerta sanitaria.
El documento, que lleva el número 5/22, expresa: “Se informa a la población que se ha detectado la comercialización de productos fabricados como aceite de cannabis de la marca “Kokuesero” con fines medicinales que no cuenta con registro sanitario ni licencia de industrialización. Dichos productos se ofrecen en las redes sociales”.
La alerta sanitaria incluye una mención a la Ley 6007/18 “Que crea el programa nacional para el estudio y la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados” se ha dispuesto que la elaboración y provisión de medicina derivada del cannabis se haga bajo protocolos científicamente aprobados a fin de garantizar la inocuidad y calidad de los productos en beneficio de la ciudadanía en general”.
Una ley violada por el Estado
Resulta irónico que el Ministerio de Salud recuerde la vigencia de la ley 6007 para cuestionar el aceite de cannabis artesanal: el mismo Gobierno nacional se ocupa de violar en forma sistemática el cuerpo legal aprobado en forma unánime por el Congreso Nacional en diciembre de 2017.
El decreto reglamentario fue promulgado el 9 de agosto de 2018 y al igual que la Ley 6007 no tiene visos de cumplimiento.
La ley obliga al Estado a entregar en forma gratuita aceite de cannabis medicinal a todo ciudadano que requiera tal tratamiento.
En cuatro años de vigencia de la ley, el Estado no entregó un solo gramo de aceite medicinal.
Fuerte cuestionamiento
Juan Cabezudo, directivo de Granja Madre SA, cuestionó en duros términos el comunicado del Ministerio de Salud.
Expresó: “El aceite medicinal elaborado por familias campesinas de San Pedro no es un producto farmacológico. Es un aceite fitoterapéutico elaborado en base a componentes esenciales de plantas”.
Según expresó, el problema en Paraguay es que se otorgaron licencias de fabricación a 12 empresas que ejercen un oligopolio con el aceite de cannabis.
“La ley habla de otorgar cinco concesiones a empresas farmacéuticas. En su momento, Arnaldo Giuzzio entregó 12 licencias en forma gratuita. Se regaló un bien del Estado, que es la concesión de fabricación”.
Granja Madre SA y el Movimiento de Resistencia Campesina, con sede en San Pedro, establecieron un convenio de cooperación para la elaboración de aceite medicinal. El 80 por ciento de la producción se distribuye en forma gratuita. La marca que utilizan es Kokuesero, contra la cual se tiró el MSP.
Agregó Cabezudo que “según el ministerio los que no tienen licencia son criminales a pesar de que resulta claro que no tenemos una producción farmacológica, sino fitoterapéutica”.
Licencias destinadas a la especulación
El Ministerio de Salud Pública es responsable de distribuir en forma gratuita aceite medicinal de cannabis; desde la promulgación de la ley no llegó a entregar un solo gramo a ningún paciente.
Y ninguna de las 12 empresas que recibieron gratis la concesión para producción farmacológica cumple la obligación de elaborar aceite cannábico.
El aceite que llega a las farmacias es importado de Estados Unidos. Paraguay, cuarto productor mundial de cannabis, no utiliza para su desarrollo socioeconómico una hierba que mantiene en condiciones criminales a 15 familias campesinas.