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“Ellos hablan de que nadie les hace caso, ninguna autoridad, sin embargo, esta causa se inició recién. O sea, ellos hicieron recién la denuncia, por lo menos yo no tengo otra denuncia por la ocupación campesina en su propiedad”, señaló Cabrera.
Agregó que ahora está oficiando al jefe policial de Nueva Durango, distrito de Villa Ygatimí, para que vaya a verificar la denuncia. También ahora le está dando intervención a la directora de Derechos Étnicos del Ministerio Público para constituirse en la comunidad y hacer un relevamiento de datos.
Anunció que los primeros que serán llamados para comparecer ante su unidad son el supuesto cabecilla de los campesinos, Heriberto Ortega Cabral y Marciano Chevugui, coordinador de las comunidad aché. Librará también oficio al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para solicitar la situación documental de la comunidad aché, Chupapou, agregó.
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Hay denuncia en el MP desde el 2018
Llamativamente, el fiscal dijo desconocer la denuncia anterior realizada ante el Ministerio Público en el año 2018 por Agustín Krombegi, líder de la comunidad indígena Chupapou, ante la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público. Poco después de detectarse la presencia de los invasores, el mismo informa a dicha dirección la invasión por parte de unos 150 supuestos campesinos. Dicho informe fue enviado al fiscal de Curuguaty, Jorge David Romero, en fecha 22 de octubre del 2018.
Cabrera señaló, sin embargo, que solicitó a Marciano Chevugui una tregua para accionar y no realizar el ataque con arcos y flechas que anunciaron para esta semana, para expulsar a los campesinos invasores de su tierra. También en la capital del país, donde varios dirigentes de los aché se reunieron con el titular del Indi y de otras instituciones, recibieron el pedido de tregua y que no realicen el desalojo por cuenta propia.
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El agente fiscal Cabrera de Curuguaty no supo explicar por qué el Ministerio Público no accionó en los 4 años que lleva la invasión, pero sí consideró la hipótesis de que los campesinos hayan ingresado a dichas tierras con la autorización de personas poseedoras de títulos.
Efectivamente, según los primeros datos levantados por la Policía, las 2000 hectáreas invadidas tendrían un título a nombre de Volnei y José Ricardi, que serían conocidos depredadores de bosques de la zona de La Paloma y toda la región. Estos habrían autorizado a los campesinos a ingresar y explotar el monte que allí había.
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El título que ostentan, sin embargo, sería trucho y se sobrepondría a las tierras de los aché, de acuerdo con los primeros datos levantados. Sin embargo, ni el Ministerio Público ni el Indi no habrían movido el proceso correspondiente para aclarar la situación de las tierras ocupadas, y en su caso devolverlas a los aché, libre de invasores.
Para el día de mañana está prevista la constitución del Ministerio Público y otras instituciones hasta la comunidad Chupapou, y se espera una acción rápida y determinante del Estado para que finalmente se pueda evitar el ataque y expulsión de los campesinos por parte de los guerreros aché.