Cargando...
Sonia Escauriza, directora de Protección de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), manifestó que están tropezando con un problema tras la intervención del colegio privado de Lambaré en el que se denunciaran dos casos de abuso sexual entre estudiantes. Se trata de la negativa de otras instituciones educativas de recibir a alumnos de esta casa de estudios.
Si bien desde el MEC no se tiene la identidad de los jóvenes involucrados en la agresión, el ministerio debe garantizar su continuidad en el sistema educativo bajo modalidades alternativas, comentó Alcira Sosa, viceministra de Educación Básica. Respecto a posibles sanciones, por no ser imputables, señaló que “al ministerio no le corresponde definir eso”.
Lea más: Abuso sexual en niños: Colegio de Lambaré se expone a clausura si no cumple con exigencias del MEC
Sosa comentó que en el caso de una de las víctimas de abuso sexual, su familia decidió matricularlo en otra institución educativa.
Acompañamiento a agresores y agredidos
Entretanto, Escauriza comentó que actualmente hay medidas de protección impartidas por el Juzgado competente para los agresores y los agredidos, debido a que se trata de niños menores de 14 años. “Nosotros ya recibimos del Juzgado las indicaciones para trabajar con una de las víctimas, el otro lo que no tenemos todavía”, indicó.
La funcionaria del MEC dijo que la ley ampara a los afectados, que deben seguir estudiando.
Prevención y acompañamiento familiar
La jueza de Niñez y Adolescencia, Pili Rodríguez, habló sobre el tema de abuso sexual en niños y enfatizó la importancia de la colaboración familiar en este tipo de casos. La profesional destacó que hay cuestiones que se pueden tratar, pero “la criminalización de la conducta no es la vía”.
Rodríguez agregó: “la idea siempre es la prevención, pero en el caso que ocurra, los niños no pueden ingresar al sistema penal. Siguen siendo personas en desarrollo y es la familia, en primer lugar, la responsable de velar por ese desarrollo”.
La magistrada enfatizó que desde hace 20 años se debió invertir en la prevención, con instituciones que funcionen, con mayor presupuesto para las Codenis, por ejemplo, a fin de trabajar con medidas de protección y apoyo.
Pese a las falencias, “reducir la imputabilidad sería y un retroceso y asumir que fallamos como sociedad en relación a nuestros niños, niñas y adolescentes”, finalizó la jueza.