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El protagonista principal de esta peliculesca historia es Walter José Galindo Domínguez (de 32 años), quien de tortolero supuestamente pasó a ser narcotraficante y que actualmente guarda reclusión en Tacumbú.
En tanto que los demás supuestos “actores” de la trama son los abogados Rosana María de Luján Palazuelos Oscáriz (51) y Crispín Gilberto Rojas García (40), el policía Sixto Ramón Cabrera Ríos (37) y las médicas Ana Stael Alfonso Decoud (48) y Celia Romina Alfonso Vera (30). Esa últimas son hermanas.
Los cinco citados están prófugos e imputados desde el martes último por hechos como producción de documentos no auténticos, soborno agravado, cohecho pasivo agravado y expedición de certificados de salud de contenido falso.
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Los fiscales que llevan actualmente la causa denominada Mercat son Lourdes Elizabeth Bobadilla Riveros y Andrés Eduardo Arriola Ramírez, aunque la fiscala original, quien está recusada, es Lilian Lorena Ledesma Jara.
Primera captura
La imputación recientemente presentada relata que Walter Galindo fue capturado el 13 de mayo de 2021 en un allanamiento a su casa de Villa Elisa, donde se encontraron una placa policial robada de un investigador de Crimen Organizado, una pistola, G. 133.952.000 en efectivo y 1,490 kilogramos de cocaína.
Aquel procedimiento fue encabezado por la fiscala de San Lorenzo, María Genoveva Figueredo Insaurralde, y el jefe de Investigaciones de Central, comisario principal Marcelino Espinoza Medina.
Dos días después, el 15 de mayo de 2021, la fiscala de Villa Elisa, Egidia Victoria Gómez Denis, quien tomó la causa en lugar de su colega Figueredo, imputó a Walter Galindo por tráfico de drogas, violación de la ley de armas y reducción y solicitó la medida de prisión preventiva para el sospechoso.
Favorecido por jueza
Sin embargo, el 28 de mayo de 2021, los abogados ahora imputados, Crispín Gilberto Rojas y Rosana Palazuelos, lograron que la jueza de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho de Brítez, concediera arresto domiciliario a Walter Galindo, quien estaba preso en el departamento Judicial de la Policía, ya que aún no había sido enviado a Tacumbú.
Para conseguir el fallo de la magistrada, los abogados Rojas y Palazuelos presentaron, por ejemplo, un certificado médico con fecha atrasada, es decir, del 4 de abril de 2021, expedido por la doctora ahora imputada, Celia Romina Alfonso, quien diagnosticó a Walter Galindo con crisis hipertensiva moderada, síndrome bronquial obstructivo moderado y bronquitis aguda.
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No podía expedir certificado
El documento entregado por la doctora Alfonso tenía membrete del Hospital Nacional de Itauguá, donde Walter Galindo nunca consultó en dicha fecha, y además la citada médica firmante no podía expedir el certificado porque en esa época se desempeñaba como residente en el área de gineco obstetricia, tal como dice en la imputación.
Los abogados también presentaron a la jueza Bracho un informe firmado por el enfermero del departamento Judicial, el ahora imputado suboficial inspector de Policía Sixto Ramón Cabrera.
Nunca consultó en ese hospital
En el papel, el enfermero policial dejó constancia de que Walter Galindo, supuestamente, se enfermó desde el 19 de mayo de 2021, mientras estaba preso en el departamento Judicial, y que el 23 de mayo de 2021 tuvieron que llevarlo al Hospital General de Barrio Obrero, donde sin embargo no hay registros de que el detenido haya sido inspeccionado.
El enfermero se tomó incluso la potestad de diagnosticar a Walter Galindo con síntomas de complicaciones respiratorias, fiebre de 40 grados, presión arterial fuera de rango (180/130) y diabetes, cuando aparentemente el procesado estaba en perfecto estado de salud.
Forense del Poder Judicial
Para reforzar el pedido de libertad de su cliente, los abogados Rojas García y Palazuelos Oscáriz entregaron a la jueza Isabel Bracho un informe con fecha del día anterior, 27 de mayo de 2021, en el que se consignaba que la médico forense del Poder Judicial, la ahora imputada Ana Stael Alfonso, supuestamente se constituyó en el departamento Judicial y que evaluó a Walter José Galindo Domínguez, aunque no hay registros de su visita a dicha base policial.
El examen físico, que nunca se hizo, supuestamente determinó que Walter Galindo tenía asma bronquial, rinitis alérgica, síndrome bronquial obstructivo moderado, bronquitis aguda, hipertensión arterial crónica, crisis hipertensiva moderada, síndrome coronario agudo (angina inestable) y hasta lupus eritematoso sistémico psoriasis.
La doctora Alfonso escribió que el lugar de reclusión de Galindo no era apto para dicho paciente, porque supuestamente tenía varias comorbilidades o enfermedades de base, tras lo cual efectivamente la jueza Isabel Bracho lo envió a reposar a su casa.
Entregó otro informe, “por si acaso”
La doctora Ana Stael Alfonso también entregó a los abogados de Walter Galindo otro informe con fecha 24 de junio de 2021, de cuando supuestamente visitó al procesado en la casa de Ñemby donde cumplía su arresto domiciliario.
En ese acto, la forense del Poder Judicial ratificó todos los graves problemas de salud que supuestamente sufría Galindo, aunque la sospecha de la Fiscalía, plasmada en la imputación, es que la médica nunca fue a verlo.
Dicha maniobra era aparentemente “por si acaso” necesitaban justificar su “prolongada” enfermedad.
Libre, pero solo para “tratamiento médico”
El 24 de agosto de 2021, la jueza Isabel Bracho finalmente favoreció con medidas sustitutivas a la prisión a Walter Galindo, a quien dio permiso para salir de su casa de lunes a sábado, supuestamente para tratamientos médicos.
Sin embargo, el 31 de octubre de 2021, los abogados de Walter Galindo presentaron al Juzgado certificados médicos falsos con el nombre de un tal doctor Luis López, del Hospital General de Barrio Obrero, con los que evitaron que su cliente regresara a la cárcel luego de que la Policía revisara su domicilio y no lo encontraran en un horario en el que debía estar en la casa.
Para cuando eso, los abogados Rojas García y Palazuelos Oscáriz supuestamente ya tenían en su poder varios otros documentos presuntamente falsificados que usaban a favor de su cliente Walter Galindo, como notificación de infección respiratoria aguda grave, orden de estudios médicos y certificados médicos.
Los papeles siempre tenían el membrete del Hospital General de Barrio Obrero y la firma del doctor Luis López, quien sin embargo ya no trabajaba en dicho centro en esa época, todo según lo que se lee en la imputación.
Libertad total
El 2 de diciembre de 2021, la misma jueza Isabel Bracho concedió a Walter Galindo la medida de suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, para que gozara de total libertad de cara al eventual juicio oral que debía afrontar, aunque solo por reducción y violación de ley de armas.
Esto porque la acusación por narcotráfico quedó desvirtuada gracias a que, extrañamente, el paquete de kilo y medio de cocaína incautado en la casa de Walter Galindo se “convirtió” en harina mientras estaba en el despacho de la fiscala Egidia Gómez.
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Recapturado
Así, y mientras esperaba su juicio por el caso anterior, aunque ya librado de afrontar el proceso más grave por narcotráfico, Walter José Galindo Domínguez fue recapturado en su casa de Villa Elisa, el 26 de marzo de 2022, aunque ya en una operación del departamento Antinarcóticos de la Policía y la fiscala Lorena Ledesma.
El caso, bautizado como operativo Mercat, reveló que Walter Galindo se estaba consolidando como uno de los distribuidores de drogas más importantes de Asunción y Central.
De hecho, otros miembros de su grupo también fueron detenidos, entre ellos su novia Luz Antonella Guerrero Quintana (23).
Escuchas telefónicas
Una de las técnicas especiales de investigación empleadas en el caso Mercat, las escuchas telefónicas, ayudaron a la Fiscalía a construir el caso por etapas.
La primera fue la identificación del cabecilla de la estructura y su detención.
La segunda fue la individualización e imputación de sus supuestos cómplices, en este caso los abogados, policías y médicos.
Y la última etapa, aún pendiente de ejecución, sería el procesamiento de los fiscales y jueces que lo favorecieron presuntamente a partir del cobro de coimas.
Un elemento que sostiene esta línea es que, por ejemplo, en los audios de los abogados se escucha que estos le prometen a su cliente que tal fiscala y tal jueza se allanarían a sus requerimientos.
Efectivamente, al día siguiente de la grabación de las llamadas, los operadores de justicia emitían fallos favorables al supuesto narco, es decir, actos consecuentes a lo que previamente le prometieron sus abogados.