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Este viernes, la Presidencia de la República anunció que el presidente Mario Abdo Benítez decidió vetar parcialmente el polémico proyecto de ley que establece una modificación en la reglamentación sobre declaraciones juradas de funcionarios públicos, eliminando la obligación que tiene la Contraloría de denunciar ante el Ministerio Público “omisiones o errores imputables” de parte de los declarantes.
“He decidido no promulgar el proyecto de ley que busca modificar la reglamentación legal de las declaraciones juradas de los funcionarios. La declaración obligatoria de bienes y rentas es una de las herramientas para la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción”, dijo el presidente Abdo en un mensaje publicado hoy en redes sociales.
Hernán Huttemann, jefe de gabinete de la Presidencia, comentó en conferencia de prensa que la decisión obedece a la postura del Poder Ejecutivo de que el rol de la Contraloría en el sistema de control y transparencia gubernamental es “preponderante” y se vería vulnerado si el proyecto de modificación fuera aprobado.
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En su versión vigente, la Ley 5033/2013 establece en el segundo párrafo de su artículo 14 la obligación de la Contraloría General de denunciar al Ministerio Público cualquier error u omisión en una declaración jurada de un funcionario público “si surgieran indicios de que la omisión u error fuese con dolo imputable al declarante”.
La modificación planteada en el proyecto de ley vetado hoy dice en su segundo párrafo que “el funcionario declarante podrá efectuar en cualquier momento las rectificaciones que considere convenientes”, eliminando del texto lo referente a la Contraloría y su deber de denuncia.
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Huttemann explicó que el Poder Ejecutivo solo objeta ese punto específico del proyecto de ley, y que las otras modificaciones a la ley 5033/2013 que plantea “no merecen objeción y podrían ser promulgadas en el futuro”.
Con el veto parcial del proyecto, que en su estado actual fue duramente criticado por la posibilidad de que pueda favorecer delitos como el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito, este será devuelto al Congreso Nacional.