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Un polémico proyecto de ley que dicta que las personas objetoras de conciencia deben realizar un “servicio civil” o pagar una multa de cerca de 500.000 guaraníes en concepto de “contribución” para poder realizar trámites como la gestión de pasaportes o concursar para cargos públicos fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados.
En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el diputado Jorge Ávalos (PLRA, Partido Liberal Radical Auténtico), uno de los proyectistas de esa legislación junto a su colega Derlis Maidana (ANR, Partido Colorado), defendió su proyecto indicando que simplemente es una reglamentación de una ley ya vigente desde 2010.
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Señaló que la obligación de realizar un servicio civil como alternativa al servicio militar es algo establecido por la Constitución Nacional y que la ley de 2010 y la modificación aprobada ayer simplemente dan a los de conciencia la opción de un pago como alternativa a ese servicio civil.
El proyecto de ley establece un Sistema de Intercambio de Información que será implementado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación que dispondrá de un servicio de información en línea con conexión a internet o de otra red de datos conforme a las normas reglamentarias vigentes, sobre si los varones que hayan cumplido 18 años posean la constancia de cumplimiento de la objeción de conciencia, del pago de la contribución establecida en la ley o una certificación de insolvencia o constancia de exoneración del pago por insolvencia para trámites referentes a la obtención y renovación de pasaportes, accesos a becas emanadas del Estado paraguayo y concursos para el acceso a la función pública.
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El proyecto de ley además establece la retroactividad del pago de la “contribución” para todos los objetores de conciencia desde 1992 –año en que entró en vigencia la actual Constitución Nacional– que no opten o hayan optado por el servicio civil.
El proyecto de ley que pasa al Senado plantea que los fondos de la contribución percibidos se destinarán al financiamiento de las políticas públicas de la objeción de conciencia y a acciones sociales en el ámbito de la niñez y la adolescencia en situación de pobreza dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación de la Defensoría del Pueblo.